URT presentará demanda de restitución a favor del resguardo Kogui Malayo Arhuaco en Ciénaga

En el departamento han invertido hasta la fecha $12.520 millones para proyectos productivos.
Se beneficiarían 414 familias de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras víctimas del desplazamiento forzado en zona rural de este municipio.
El personero de Pivijay señaló que no vio compromisos serios por parte de la administración departamental.
Este es el punto de partida para que además de regresar a su tierra puedan reconstruir su vida familiar y económica.
El embajador del Reino de los Paises Bajos, anunció la decisión de incluir al Magdalena en la iniciativa que durará dos años.
Después de dos años de lucha, 23 fuera de su ´tierra’, Isabel Pérez con la ayuda de la URT recuperó un predio de 49 hectáreas.
Después de dos años, las víctimas lograron recuperar sus tierras.
Un total de 68 familias del corregimiento de El Playón de Orozco recibieron los títulos que los acredita legalmente propietarios de sus predios.
Se han restablecido los derechos de propiedad de al menos 2.578 personas en el departamento.
La cooperativa que puso su grano de ‘arena’ en la contingencia está integrada por 143 familias restituidas y no restituidas, y se constituyó en el año 2016.
El mandatario anunció proyectos de vivienda, educación, servicios públicos y productivos para esta población que fue víctima de los paramilitares.
Pese a que hace tres años un fallo de restitución de tierras ordenó construirles viviendas dignas y dotarlos de servicios públicos, esto aún no se ha cumplido.
Los afectados se reunieron con Secretario del Interior del departamento y la Jefe de la Oficina de Paz, Víctimas, Derechos Humanos y Posconflicto del Magdalena.
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 1167 de 2018 que limitaba el tiempo de presentación de solicitudes de restitución.
Cerca de 20 personas bloquearon este viernes la vía Fundación - Pivijay para reclamar el cumplimiento de sentencia de restitución de tierras.
Un juez determinó que las 363 hectáreas pertenecen a un grupo de desplazados. Los actuales propietarios tendrán 4 meses para desocupar.