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Jueves 16 de Enero de 2020 - 6:40pm

En Salaminita deben caminar un kilómetro para conseguir un poco de agua

Pese a que hace tres años un fallo de restitución de tierras ordenó construirles viviendas dignas y dotarlos de servicios públicos, esto aún no se ha cumplido.
Los pobladores de Salaminita tienen que tomar el agua de un jagüey
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Las 19 familias que retornaron hace dos años a Salaminita, corregimiento de Pivijay (Magdalena) que fue borrado del mapa por los paramilitares el 7 de junio de 1999, tienen que caminar hasta un kilómetro con pimpinas en el hombro para abastecerse de agua en un jagüey donde también beben los animales.

“Cada vez que llega el verano la problemática del agua se complica mucho porque hay que tomar el agua de un jagüey y hay niños que les da diarrea y vómito, pero esa es el agua que tienen que consumir”, dijo Lesa Daza, líder de Salaminita.

Este jagüey, que se encuentra dentro de una finca privada, es la única fuente de agua que tienen cerca del corregimiento, pese a que la sentencia del Tribunal de Antioquia, en diciembre de 2016, ordenó no solo devolverles los predios a 38 familias que fueron desplazadas tras la incursión paramilitar, sino a instituciones como la Alcaldía de Pivijay, la Gobernación del Magdalena y la Nación reconstruir el pueblo y garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios, salud y educación.

Así se encuentra Salaminita, corregimiento de Pivijay

Además del jagüey hay un pozo profundo, ubicado a unos 500 metros de la población, pero el agua tampoco cumple con las condiciones para su consumo. “Se supone que Aguas del Magdalena iba a hacerle un estudio para ver si el agua era apta para el consumo y si podía abastecer el pueblo, pero nunca aparecieron”, aseguró Daza y añadió que la comunidad limpió el pozo, sin embargo, no cuentan con motobomba ni mangueras para llevar el agua hasta el pueblo.

Pero el agua potable no es lo único con lo que les han incumplido a los pobladores de Salaminita, donde los paramilitares asesinaron en 1999 a tres personas, entre ellas, la inspectora de policía y meses después tumbaron todas las viviendas con un buldócer y se robaron hasta los postes de energía. 

Actualmente, las 19 familias viven en ranchos de barro, madera y plástico que ellos mismos han levantado porque el Ministerio de Vivienda se ha negado a construirles sus nuevas viviendas con el argumento que algunos ya habían recibido subsidios. Tampoco les han construido el colegio y el puesto de salud.

El único servicio público con el que cuentan es energía eléctrica, pero no en todas las viviendas. En febrero de 2019, después de bloquear el kilómetro 17 de la vía que comunica a Fundación con Pivijay, les instalaron seis postes de energía, pero a siete casas aún no llega el servicio porque los cables no alcanzan.

Lesa Daza les pide a las instituciones mencionadas en la sentencia que le cumplan a los pobladores de Salaminita porque “la mayoría son adultos mayores y se están muriendo y no han podido ver ni siquiera su casa reconstruida y que se les garanticen el agua”.

 

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