Disidencias de las Farc imponen paro armado de 22 días en Caquetá y Putumayo

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo condenó el paro armado 22 días, impuesto por las disidencias de las Farc en los departamentos de Caquetá y Putumayo, efectuado por el frente Carolina Ramírez.

La Defensoría indicó que el paro armado mantiene en vilo a las comunidades, que son blanco de amenazas, agresiones y represalias, al punto que ya no pueden desplazarse y cesaron las actividades comerciales.

“Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones”, señaló la entidad en un mensaje publicado en X.

En ese sentido, desde la entidad se pidió a las autoridades reforzar la seguridad y garantizar el tránsito seguro, especialmente para menores de edad, adultos mayores y comunidades étnicas.

Alertas por control territorial en Putumayo

La denuncia se suma a la advertencia reciente de Human Rights Watch (HRW), que alertó sobre el fortalecimiento del control territorial de varios grupos armados en Putumayo, pese a los procesos de diálogo con el Gobierno. Según la organización, disidencias como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez continúan imponiendo normas, cometiendo abusos y afectando de manera grave a comunidades indígenas.

Putumayo, una de las zonas estratégicas para la producción y tráfico de drogas, registra la segunda mayor concentración de cultivos de coca del país, después de Nariño. Actualmente, dos de los grupos armados que operan allí —Comandos de la Frontera y el Frente Raúl Reyes— participan en negociaciones de paz. El Frente Carolina Ramírez, en cambio, se retiró del proceso en 2024 y continúa ejerciendo presión armada en el territorio.

“La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, concluyó la Defensoría.