Tribunal de Bogotá concede luz verde al Pacto Histórico para inscribir sus candidatos

La decisión del CNE se dio tras acoger la ponencia del magistrado Altus Baquero y dejó condicionada la fusión hasta que se resuelvan investigaciones pendientes.
El nuevo diputado llega a la Duma tras la anulación de la elección de Rafael Noya y ocupará la curul como siguiente en la lista de Fuerza Ciudadana en los comicios de 2023.
El Consejo Nacional Electoral aclaró que la vacante en la Asamblea será suplida con el siguiente en la lista de Fuerza Ciudadana, descartando que la pérdida de personería afecte la composición actual.
El abogado es cuota del Partido Alianza Verde.
La ponencia señala que se habrían superado los límites de gastos en cerca de 3.042 millones de pesos, mientras que por aportes prohibidos se identificaron más de 2.108 millones.
Proponen sanciones económicas contra varios miembros del equipo de campaña, incluido Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
El alto tribunal ordenó trasladar el expediente completo a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El legislativo tendrá que elegir entre Álvaro Echeverry Londoño (Partido Colombia Justa Libres) y Pinio Alarcón Buitrago (Partido Mira).
La entidad señaló que la medida afecta su autonomía y pone en riesgo la realización de comicios libres y transparentes.
A través de una carta, el magistrado oficializó su decisión.
El juez de la administración pública indicó que solo después de la investigación del CNE los ciudadanos podrán demandar el acto administrativo.
Petro cuestionó la legitimidad del CNE para investigarlo y aseguró que han excedido sus competencias legales, advirtiendo sobre un posible conflicto político si intentan removerlo del poder.
El anuncio se dio luego que el Consejo Nacional Electoral informara que formularán cargos contra Petro Urrego y su exjefe de campaña, Ricardo Roa.
La investigación también se extiende al exgerente de campaña, Ricardo Roa.
Además, el mandatario sostuvo que el organismo se “aferró de manera predeterminada a demostrar el exceso de los topes de gasto en su informe, incluyendo actos previos al inicio de la campaña”.
La decisión fue tomada luego de que el Consejo de Estado ratificara que era competente.