Fallo condenatorio contra dueño del Irotama, funcionarios y exempleados


El Juez Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta estableció carácter condenatorio en el fallo en contra de Héctor Mario Díaz, dueño del hotel Irotama, y Margarita Perdomo, quien fuera directora jurídica del hotel, como autores del delito de fraude procesal.
La decisión también afecta a los empleados: José Alfredo Noche (Jefe de Seguridad), Rubén Sossa (Gerente de Irotama 21) y Carmen Parra (Gerente del Irotama), por el delito de falso testimonio.
El caso que terminó con este sentido de fallo condenatorio inició cuando un ciudadano identificado como Jorge Díaz adquirió en 2004 un lote contiguo al hotel Irotama, para construir su proyecto hotelero.
Desde entonces, Díaz empezó a ser víctima de calumnias y falsas denuncias que apuntaban a que fracasara en su negocio para, por esa vía, ahuyentar la competencia para el Irotama.
El primero de esos episodios se dio cuando Díaz intentaba ingresar a su predio. No resultó tan fácil, pues durante mucho tiempo el Irotama se había adueñado de la vía pública, y tenía instalada una garita en la vía de acceso a todos los predios, de modo que al propietario del lote, le tocaba pedir permiso al hotel para poder entrar a su propiedad.
Pese a que el dueño del lote contiguo al Irotama solicitó que le respetaran su derecho a circular, como a cualquier ciudadano, los intentos resultaron fallidos. Cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, se dio otra situación adversa para el constructor vecino del Irotama: su licencia de construcción le fue revocada; en ese entonces el alcalde era José Francisco Zúñiga Riascos.
Fue hasta el 2011, cuatro años después, que el constructor pudo ver una luz de esperanza, cuando una funcionaria de la Alcaldía que conoció su caso evidenció que le estaban vulnerando sus derechos y reconoció que las querellas que interpuso el constructor le daban la razón.
A raíz de esto, el alcalde de ese momento, Juan Pablo Díaz Granados, firmó una resolución en la que se ordenaba la demolición de la garita, muros y toda la infraestructura que impedía a Díaz ingresar y adelantar la construcción en su predio.
Paralelamente a esto, Díaz logró demostrar que su licencia de construcción fue revocada casi que ilegalmente, por lo que un juez ordenó una indemnización por los daños causados y que se le otorgara la debida licencia para que pudiera adelantar su proyecto inmobiliario.
En el año 2012, el entonces alcalde Carlos Caicedo le dio cumplimiento a la resolución de su antecesor y procedió con la demolición de la garita y varios muros que se habían construidos en espacio público. La situación generó controversia y opiniones divididas en su momento.
Esta condena proferida por el Juez Cuarto Penal se produjo, entonces, porque el personal del hotel Irotama mintió ante la Fiscalía Generla de la Nación y utilizó falsas declaraciones en medio de todo el proceso judicial que libraban con Jorge Díaz. Todo con el fin de evitar que él adelantase su proyecto hotelero.
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