Alcaldía sancionada: Ni el gobierno ni los juzgados han logrado que nombren maestros

Desesperados, cansados e indignados se encuentran alrededor de 100 licenciados docentes en la ciudad de Santa Marta, que se encuentran ad portas de perder la oportunidad de acceder a una plaza laboral que se ganaron a través del concurso de méritos del Ministerio de Educación Nacional.  

Los docentes han venido ejecutando querellas, reclamaciones e incluso plantones en las instalaciones de la Alcaldía Distrital, donde se encadenaron, pidiendo a la alcaldesa Virna Johnson que autorice su nombramiento.   

Una simple firma de la alcaldesa y el secretario de Educación, Antonio Peralta, significa para estos docentes la oportunidad de acceder a un trabajo digno, remunerado y sobre todo merecido, pues demostraron su idoneidad para el cargo.  

Cambiazos y silencios  

Teniendo en cuenta estas circunstancias, además de los niveles paupérrimos de calidad educativa en que se ubicó nuevamente el sistema educativo samario, agudizado también por la falta de personal docente en las instituciones, hace incomprensible que durante dos años se haya negado los nombramientos. Aunque hay algunas luces al respecto.  

Desde el Concejo Distrital se denunció la presunta ‘mafia’ al interior de la Secretaría de Educación de Santa Marta frente al tema de los nombramientos: la provisionalidad de los maestros fue descubierta como una ‘gasolina electoral’, puesto que por contratos temporales se aseguran votos en temporada de elecciones.  

Asimismo, se denunció pagos irregulares para tramitar los nombramientos e incluso cambiazos al interior de las listas: los nombres de docentes que ganaron los concursos fueron reemplazados por los de familiares de funcionarios de la Secretaría de Educación. ¡Gravísimo!  

¿Desacato es ley?  

En conversación con el equipo periodístico de Seguimiento.co, una de las afectadas indicó que en cuatro oportunidades la Comisión Nacional del Servicio Civil ha emitido oficios contra la Alcaldía y la Secretaría de Educación por impedir el derecho al empleo público.  

Y recientemente, el pasado 9 de octubre, el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta emitió una sanción contra el secretario de Educación, Antonio Peralta Silva, por incurrir en desacato por el fallo de tutela proferido desde el 26 de julio de 2022, en el que ordenaba los nombramientos docentes frente a cada una de las plazas disponibles.  

Si bien la administración distrital no ha comentado nada sobre esta decisión, el funcionario deberá pagar una multa equivalente al valor de un salario mínimo legal mensual vigente.   

Por su parte, aunque los profesionales cuestionan el peso de estas decisiones para instar al gobierno local a finalmente nombrarlos, sí aguardan que por lo menos por honor a la palabra, los anuncios de equidad y justicia social también sean aplicados para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que de llegar enero de 2023 sin ser nombrados, vence la lista y deberán volver a concursar.   

“Peralta se ha dedicado a entorpecer el proceso dando respuestas tangenciales acomodadas y viciadas dando cuenta de su falta de voluntad para adelantar un proceso de nombramiento de dichos docentes y si por el contrario mantener la educación del Distrito como la meretriz , entregada al  clientelismo, otorgando nombramientos a los compañeros sentimentales  de  los  funcionarios  y negando la legitimidad de un concurso que el mismo distrito reglamento. Lo que se requiere de forma inmediata es solución definitiva a este asunto, las plazas están, la misma secretaria así lo reconoce, ¿cuál es entonces el impedimento para cumplir?” indicó una de las docentes afectadas.