La JEP y el Gobierno rechazan amenazas contra firmantes de paz en Miravalle

La Jurisdicción Especial para la Paz expresó este viernes su rechazo ante las recientes amenazas recibidas por los firmantes de paz en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Miravalle.

Los habitantes del Centro Poblado Óscar Mondragón informaron a la Jep que fueron forzados a abandonar la zona debido a conflictos territoriales provocados por grupos armados, lo que ha generado un clima de zozobra y riesgo. La Jep solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar estos hostigamientos y a las autoridades pertinentes garantizar la protección de los derechos de los firmantes de paz.

El Gobierno Nacional también rechazó categóricamente las amenazas y cualquier agresión de grupos armados contra la población civil y, en particular, contra los firmantes del Acuerdo Final de Paz. En días recientes, se conoció de las amenazas proferidas por el Estado Mayor Central (EMC) a los habitantes del ETCR de Miravalle en medio de su disputa militar con la Segunda Marquetalia, acciones que el Gobierno considera contrarias a cualquier manifestación de voluntad de paz.

Para atender a la población firmante, este viernes se realizó un Puesto de Mando Unificado por la Vida en las instalaciones del ETCR, convocado por el Ministerio del Interior. En la reunión participaron el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, la Oficina del Comisionado de Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras, la Policía y el Comando Conjunto Estratégico para la Transición de las Fuerzas Militares, así como la Gobernación del Caquetá y el municipio de San Vicente del Caguán, delegados de la población firmante del ETCR de Miravalle, el componente comunes en la CSIVI y el Consejo Nacional de Reincorporación.

En este PMUV se acordaron rutas dirigidas a garantizar la vida de la población firmante. El gobierno anunció que mantendrá la presencia de la fuerza pública en la zona y acelerará el traslado y consolidación del ETCR de Miravalle a un lugar definitivo que facilite la reincorporación integral, atendiendo al llamado realizado por sus habitantes y acordando una ruta para su desarrollo. Además, el Gobierno exigió al EMC desistir de sus amenazas.

La Jep, por su parte, instó a las autoridades a facilitar el retorno seguro y voluntario de los desplazados y a desarticular los grupos armados ilegales que operan en la región. La Jurisdicción enfatizó la importancia de proteger los derechos fundamentales de los comparecientes y exhortó al Gobierno Nacional a tomar medidas efectivas para asegurar la seguridad jurídica de los firmantes de paz y aplicar la justicia transicional restaurativa.

Desde 2020, la Jep ha emitido órdenes para que las entidades estatales desarrollen un plan de seguridad integral para los excombatientes. En marzo, la Sala de Amnistía o Indulto visitó Miravalle y entregó certificados de amnistía a más de cincuenta personas.

El rechazo de la Jep y el Gobierno se produjo tras el anuncio de ‘Caguán Expeditions’ y ‘Remando por la Paz’, dos emprendimientos de excombatientes que han atraído a miles de turistas a la región, de que se ven obligados a abandonar el territorio debido a las amenazas. Además, el frente Iván Díaz, una disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central, declaró esta semana a Miravalle como una "zona de conflicto", acusando a los habitantes de colaborar con la Segunda Marquetalia.