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Lunes 06 de Octubre de 2025 - 3:35pm

Punto final al Puerto de las Américas: la historia de un proyecto que no fue

La ANI declaró la caducidad del contrato y colocó una multa superior a los 13 millones de dólares a la Sociedad Portuaria Las Américas por el incumplimiento.
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En el año 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura dio luz verde para la construcción de un ambicioso proyecto portuario: el Puerto de Las Américas.

La concesión para la construcción, administración y operación del puerto multipropósito, fue otorgado a la Sociedad Portuaria de Las Américas.

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De forma silenciosa, se fue avanzando en toda la tramitología administrativa y ambiental para la construcción del puerto, al punto que en el año 2017, no solo se tenía autorización del Anla para movilizar graneles líquidos, sino también hidrocarburos y derivados del petróleo.

Malos antecedentes

Si bien, esta autorización por un lado puso al sector empresarial a ‘sacar cuentas’ de los réditos económicos de la actividad; por el otro, incrementó el rechazo de una comunidad a que se llevara a cabo: la taganguera.

Esto debido a que la construcción del ‘Puerto de Las Américas’, abarcaba desde el sector de El Boquerón (en la bahía de Santa Marta), hasta la desembocadura del colector pluvial, a solo dos kilómetros del balneario de Taganga.

Y Taganga ya había sido víctima de las fallas en el sistema de trasporte de hidrocarburos, siendo objeto de un desastre ambiental que sigue sin repararse.

Pues, un pasado 23 de abril de 2008, una emergencia ambiental sin precedentes tuvo lugar en sus costas luego que la Empresa Terminal de Graneles Líquidos de Daabon (Terlica), derramara aceite de palma crudo en el mar, tras la ruptura de una válvula.

En medio de las evidentes afectaciones sobre el ecosistema marino, y las exigencias de protección y reparación, un segundo derrame de aceite vegetal tuvo lugar ese mismo año, llevando a la suspensión de las operaciones de Terlica.

Aunque se llevaron a cabo indemnizaciones económicas, el impacto ambiental aún está latente. Así como la conciencia de los nativos tagangueros de no querer repetir un capítulo de esta índole.

Por eso, a través de marchas, protestas, conversatorios y participación en el mismo Congreso de la República, líderes del Cabildo Indígena de Taganga y representantes de pescadores, expusieron la negativa de la comunidad al proyecto, además de la vulneración de los principios de consulta previa.

Dicho esto, en medio de una puja de poderes y un letargo administrativo, el proyecto fue quedando en el olvido.

‘Estocada’ final y millonarias sanciones

Ahora, el proyecto habría quedado sepultado tras la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura de declarar la caducidad del contrato 003 de 2015, acusando de “incumplimientos graves” a la Sociedad Portuaria de Las Américas.

Según determina el documento, la Sociedad no avanzó en ninguno de los compromisos adoptados al momento de hacer efectiva la concesión, razón por la cual además de una multa de cinco años en los que no podrá contratar con el sector público, también deberá pagar una millonaria multa de 13,48 millones de dólares como compensación “por los perjuicios causados al Estado”.

Las sanciones, eran ‘crónica de una muerte anunciada’, puesto que la ANI inició acciones sancionatorias en 2018 y 2020, al evidenciar el nulo avance del proyecto.

Aunque la Sociedad Portuaria Las América señaló a la pandemia como la responsable de los retrasos, el argumento de negligencia se impuso para determinar sanciones.

Las resoluciones de este caso, han causado júbilo y preocupación desde distintos sectores.

Desde Taganga, José Luis Cantillo, líder nativo expresó su complacencia ante el hecho: “Gracias Agencia Nacional de Infraestructura, gracias Anla, gracias comunidad de Taganga por apoyarnos en esta lucha que hoy estamos culminando con un no al Puerto de Las Américas”, destacando también la lucha judicial que se vivió en los estrados para reversar los permisos del proyecto.

No obstante, en diálogo con Caracol Radio, el secretario de Desarrollo Económico, Carlos Jaramillo sostuvo que “la decisión deja a la ciudad con una reflexión de ser respetuosos de la ley, pero  se solicitará un espacio de diálogo porque este un proyecto que genera contraprestación en dinero, sino también en ofertas de empleos”.

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