Tres ordenanzas inconvenientes, antes y ahora

Luego de veinte años de pago juicioso de la deuda y restricción del gasto, Magdalena volverá a endeudarse y a aumentar el gasto en burocracia.

Luego de varios intentos, el Gobernador Caicedo logró que la Asamblea le aprobara un paquete de  ordenanzas, entre las cuales pasaron tres que denotan irresponsabilidad fiscal, al incrementar peligrosamente el endeudamiento y el gasto de funcionamiento.

Una de ellas es la autorización para contratar nuevos préstamos con los bancos por $50 mil millones. En 2001, cuando la Gobernación del Magdalena inició su proceso de intervención económica, la deuda con los bancos ascendía a $69.586 millones, de los cuales en 2019 apenas se deberían $1.441 millones. No obstante, en 2018 la Gobernación contrató nuevos préstamos por $76.000 millones que, sumándole el nuevo crédito de $50.000 mil millones aprobado por la Asamblea esta semana, elevará el endeudamiento con los bancos a más de $124.000 millones (ver gráfica), casi el doble en términos nominales y el mismo valor en términos reales, de la deuda bancaria que hace 20 años obligó a someter al departamento a la intervención económica. Una acción a todas luces irresponsable, que tira por la borda el saneamiento logrado durante los últimos 20 años gracias a los pagos realizados.

Y además de inconveniente, un crédito ilegal pues toman como fuente de pago los ingresos de libre destinación – ICLD-, los cuales tienen tres limitaciones: La primera, que ello solo podría hacerse con cargo a recursos de forzosa inversión, y no a los ICLD, según el artículo 11 de la ley 358 de 1997. Y la segunda, que dichos recursos están comprometidos en el Acuerdo de ley 550 firmado en 2001, por lo que la supuesta autorización que haya emitido el comité del Acuerdo, no puede llevarse por delante los principios del mismo Acuerdo. Y la tercera que estos apenas son suficientes para financiar el gasto de funcionamiento, en especial una vez las pensiones agoten la irregular fuente del Fonpet.

Esas tres situaciones también fueron violadas en los prestamos contratados en 2018 y 2019, denuncia que entonces interpuse como Diputado ante la Procuraduría, entidad en la cual desafortunadamente dicha demanda duerme el sueño eterno, en este país del “no pasa nada” (https://santamartaaldia.co/sin-documentacion-completa-y-un-credito-irreg... ). Hoy, al igual que la de antes, el actual Gobernador también se lleva por delante la ley con este crédito ilegal.

Así mismo, la autorización para vigencias futuras aprobada, le quitará recursos a los próximos gobiernos, sin garantizar, ni siquiera explicar, la solución de las problemáticas.

De otro lado, la ordenanza que facultó para crear la “Secretaría de la Equidad y el Poder Popular”, independientemente del improductivo sesgo ideológico,  aumenta inconvenientemente el gasto de funcionamiento con más burocracia para Santa Marta,  exprimiendo más aún los exiguos ingresos de libre destinación – ICLD - , y sacrificando más de $2 mil millones anuales que deberían ir a proyectos de inversión para los municipios más pobres, que también aportan los impuestos al departamento.

En 2001 se hizo un gran esfuerzo por disminuir la enorme burocracia que había quebrado al departamento, bajando de más de 1000 empleados a apenas 202 empleados en 2008. No obstante, nuevamente se incrementaron hasta los 356 empleados de hoy (Minhacienda) y que la ordenanza aprobada aumentará a 378. Es decir, la planta de personal casi se duplicaría respecto a 2001, siendo mayor aún el inconveniente incremento de su costo.

Esta irresponsable medida acerca al departamento al peligroso riesgo de violar el tope legal del gasto de funcionamiento, pues hoy se cumple gracias a los recursos del Fonpet que están financiando las pensiones, situación engañosa pues este no es un ingreso permanente que, una vez desaparezca, llevará el indicador a la instancia de incumplimiento. Esta situación que ya antes he advertido (https://seguimiento.co/magdalena/las-contrataciones-de-personal-en-la-go...) ha sido ratificada por el Ministerio de Hacienda en sus informes de seguimiento al Departamento.

Cabe anotar que el acuerdo de Intervención económica prohíbe este tipo de gastos, pues afectan los ingresos para el pago del Acuerdo. Pero al parecer el Ministerio de Hacienda y la DAF siguen siendo permisivos con la Gobernación del Magdalena a través de las autorizaciones del Comité para estas ordenanzas, otra prueba más de que no existe el tal “bloqueo” con el que recurrentemente intenta disculpar el Gobernador Caicedo su falta de gestión e inversión.

Además de la clara ilegalidad, incrementar el endeudamiento y el gasto en burocracia, como hizo la anterior y hará  el actual Gobernador con estas ordenanzas, no son compatibles con la inversión en proyectos que reclama la actual crisis social, ni con la actual situación de riesgo de los índices de desempeño fiscal del departamento, su reciente calificación “negativa” advertida por las calificadoras de riesgo y con el peligro de caer nuevamente en la situación de insolvencia e inviabilidad, que hace 20 años llevaron al Magdalena a la intervención económica.

Si se quiere invertir más, lo lógico era disminuir el gasto de funcionamiento para orientar ese ahorro a inversión, pero no abrir un hueco en el funcionamiento y otro nuevo en la deuda. Al final la irresponsabilidad terminará pasándonos la cuenta de cobro. Igual que hace veinte años.