'Tatequieto' a las mafias de contratación pública... ¡en Corpamag!

Nada más hace tres días, el 7 de julio, el presidente Santos lanzó una frase, que quien la escuche dirá que el primer mandatario es el propio zar anticorrupción:¡vamos a ponerle tatequieto a las mafias de la contratación pública en las regiones!, dijo el presidente de todos nosotros (paréntesis: ¡como si en Bogotá no hubiera mafias de estas!, pero ajá).

Sería bueno que, ya que el señor Presidente está en esa tónica, comience por conocer el ejemplo magdalenense que le traigo en esta entrada de blog; el ejemplo de Corpamag. ¡Párenle bolas!

El representante a la Cámara por el Magdalena Eduardo Agatón Díaz-Granados Abadía (le diría honorable, pero es que el hombre está investigado por parapolítica, por lo que –para mí– ya deja de serlo) fue designado en diciembre de 2003 como delegado del entonces presidente Álvaro Uribe en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la famosa Corpamag.

¿Para qué le sirvió ese cargo? Díaz-Granados, desde su privilegiada posición, participó durante 7 años de manera regular en dicho consejo directivo, desde el cual con su voto aprobó presupuestos, entregó autorizaciones y facultades; como quien dice, hizo y deshizo todo lo que quiso, entre otras, teniendo bajo su mando al subordinado director de dicha entidad, Orlando Cabrera; ya ustedes saben, el de este blog, ¡no el beisbolista!

Después de dejar bien abonadas sus influencias durante todos esos años en Corpamag, mi pariente Díaz-Granados se convirtió entonces en representante a la Cámara por nuestro departamento y, desde allí, se preocupó por crear, tramitar y promover su obra maestra legislativa: el proyecto de ley 189 de 2012 que se convertiría luego en la ley 1718 de 10 de junio de 2014.

El texto de este proyecto de ley era muy sencillo: resulta que desde el 2005 ya existía una legislación que determinaba que un 5% del cobro de los peajes ubicados en zonas protegidas (como los peajes de Tasajera y Pumarejo, en zona de la Ciénaga Grande de Santa Marta) se destinaría como recursos para que las autoridades ambientales, ¡como Corpamag!, los invirtieran en obras de dragados y mantenimientos de los caños de esos sitios protegidos. Pues bien, lo que propuso Díaz-Granados fue simplemente subir la base gravable del 5% al 8% para que el chorro de plata le creciera un poco más a Corpamag. ¿Ya la van pillando?

Pues les sigo el cuento: el pasado 10 de junio de 2014 ese proyecto se convirtió en Ley, y vean ustedes que ¡no pasaron sino un mes y 18 días! desde la promulgación, para que el consejo directivo de Corpamag aprobara a través del acuerdo No. 08 del 28 de julio de 2014, que se comprometieran los ingresos que llegaban a esta entidad por concepto de la sobretasa ambiental, no solo del año 2014, sino de las vigencias futuras de 2015, 2016, 2017, 2018…. (Sigan contando año por año) hasta 2030! ¡Un total de 79 mil millones 727 mil 801 pesos!

Ese montón de plata se convirtió en el dinero que sirvió de respaldo para que el director de Corpamag adelantara la ambiciosa licitación pública –histórica en esa entidad por el monto de la contratación– y la cual se ganó –extrañamente como aspirante única– la ahora famosa empresa Servicios de Dragados y Construcciones S.A. de la cual les hablé en el blog pasado.

En el consejo directivo de Corpamag ocupan asiento, entre otros, el señor Luis Augusto Santana Galeth, quien con su voto contribuyó a que el 8% de los peajes que paguemos los conductores que viajamos entre Barranquilla y Santa Marta, no solo durante este 2015 sino por los próximos 15 años, ya esté comprometido; ¡es más!, ya se le haya dado a la contratista beneficiada.

Santana Galeth fue nada más y nada menos que compañero de fórmula de Eduardo Agatón a las elecciones del 9 de marzo de 2014 en las que -dicho sea de paso-nada más consiguió 1.074 votos mientras que Eduardo Agatón se reeligió con 26.293.

¡Así es como se mueven las cosas!

Resulta hasta cómico ver cómo en el texto que radicó Eduardo Díaz-Granados como autor del proyecto de ley se justificaba el principio de que “quien contamina paga o quien destruye debe contribuir a resarcir”. ¡Qué le parece si mantenemos ese criterio! Y así aprovecha los años que le quedan en el Congreso para radicar un nuevo proyecto, pero que esta vez no seamos los conductores los que paguemos, sino que obligue a los amigos y parientes que tengan sus fincas en la Ciénaga, a que sean ellos mismos los que paguen el daño ambiental que por años han venido causando.

Y ahí verá usted si quiere meter a los que se aprovechan de su poder para destinar platas pa’ donde más les convenga.  A ver si les ponemos su tatequieto, ¡como quiere Santos!