Gracias a denuncias de Seguimiento.co, reactivan trabajos en los 'ecobarrios'

En las últimas semanas, el equipo periodístico de Seguimiento.co le ha ‘seguido el rastro’ a un polémico convenido firmado por la Alcaldía de Santa Marta y el Dadsa, por 900 millones de pesos, para la construcción de tres eco-parques, tres huertas ecológicas, jornadas de sensibilización ambiental y la siembra de 430 árboles.

Las publicaciones realizadas por este medio digital han evidenciado lo desproporcionado de los costos para la construcción de los 3 ecoparques, los cuales fueron hechos con apenas unas cuantas llantas pintadas y una escasa labor de ornamentación, no había nada más.

Sumado a esto, las huertas ecológicas se encontraban en total abandono, incluso, presentaban daños, tal como lo denunciaron algunos líderes en Cantilito que expusieron que árboles le habían caído encima al proyecto. Esta situación habría ocurrido ante la negativa de los funcionarios de escuchar las advertencias de los residentes de no realizar el proyecto al margen del río.

Finalmente, en los eco-barrios priorizados en el proyecto, se ordenaba la siembra de 430 árboles, y de acuerdo a la investigación realizada por Seguimiento.co, menos de una decena se habrían sembrado y ya muchos de estos, de acuerdo a lo advertido por la misma comunidad, ya estaban ‘inertes’.

 

 

 

 

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No obstante, ante esta oleada de denuncias que denotaban una presunta irregularidad en la ejecución del importante contrato, Seguimiento.co pudo comprobar que en la mañana de este lunes, ya el Dadsa y el contratista subcontratado para ejecutar el proyecto, había dispuesto de operadores que se encontraban realizando la siembra de los árboles prometidos.

 

 

 

 

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Así se evidenció en la Urbanización San Pedro Alejandrino, en donde operadores estaban realizando las tareas de abono del terreno para la siembra de las especies.

Este medio digital conoció que estos trabajadores son otros distintos a los que fueron contratados en un primer momento, varios de los cuales aún les adeudan dinero por sus servicios prestados. 

Por este convenio de 900 millones de pesos, aún la alcaldesa Virna Johnson no se ha pronunciado, bien sea para exigir claridad sobre su ejecución, ni tampoco para tratar de justificarlo.