Encuentran nuevas irregularidades en contratación del PAE en el Magdalena

La Contraloría General de la Nación adelanta auditorías al Programa de Alimentación Escolar (PAE), y entre los hallazgos se encuentran nuevas irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, violando el deber de selección objetiva, así como graves demoras en la contratación que el año pasado (2016), que sólo en el Magdalena, llevaron a que se dejarán de entregar más de 2 millones 300 mil raciones de alimentos.

De otra parte, el ente de control nacional asegura que los corruptos en el país se apropian de entre $40 y $50 billones, el Contralor Maya Villazón dijo que estos recursos salen de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales.

De igual forma, la Contraloría le puso la lupa al Sistema General de Participaciones, SGP, que no ha logrado reducir de manera contundente las brechas sociales y los niveles de inequidad en los regiones de Colombia y, peor aún, ha terminado siendo víctimas de los corruptos, que han acudido a maniobras criminales como inventarse pacientes inexistentes para apoderarse de recursos que debían favorecer a la población más pobre, aseguró hoy el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

De acuerdo a un estudio de la Contraloría revelado en un evento que se realizó en la Universidad de los Andes, las brechas entre  algunas regiones del país son significativas y la trampa de la pobreza y el atraso atenaza a muchos municipios.

El informe se centró en evaluar los resultados del SGP específicamente en los sectores de Educación y Salud  y la primera y contundente conclusión es que los recursos del Sistema no cumplen su objetivo y no se está verificando su destinación real.

Esta situación la están aprovechando los corruptos, tal como se ha visto con los casos del Cartel de la Hemofilia en Córdoba y el Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre, ambos puestos al descubierto por la Contraloría en sus labores de vigilancia a los recursos que hacen parte del Sistema General de Participaciones.

El Contralor anunció nuevas acciones contra estos carteles de la corrupción, citó algunas de las inmensas brechas sociales que detectó el estudio de la Contraloría:

Para el Contralor Maya Villazón, la distribución del SGP debe ser más diferencial y progresiva: “los municipios más pobres deberían recibir un SGP per cápita superior al promedio y notoriamente mayor al de los municipios más ricos, que pueden generar recursos propios”, indicó.

Nuevas acciones contra carteles de la corrupción

Un anuncio importante que hizo el Contralor es que muy pronto dará conocer nuevas medidas de carácter procesal, adoptadas por la Contraloría contra funcionarios públicos actualmente en ejercicio de sus cargos, involucrados en el llamado  Cartel de la Hemofilia, entre las que se incluyen los embargos a que haya lugar.

“Lo irónico en el departamento de Córdoba es que, en 2016, bajo la administración de un Gobernador diferente al primer autor, se hicieron nuevamente pagos irregulares por más de $1.500 millones de pesos, por los mismos conceptos que ya se habían evidenciado, y que de manera inédita dimos a conocer al país”, afirmó el Contralor.

Sobre el caso del Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre, anunció que toda vez que allí se crearon IPS’s de papel para desfalcar los recursos del Sistema, ha solicitado expresamente al Fiscal General de la Nación, la acreditación probatoria de las maniobras fraudulentas y delictivas usadas para estructurar el desfalco, y proceder así a obtener el levantamiento del velo corporativo de las sociedades IPS’s involucradas, que fueron utilizadas como fachada para adueñarse de los recursos del SGP.

“Es decir, las acciones de la Contraloría en este caso no se limitarán a la responsabilidad de los funcionarios implicados, sino que la colaboración con el Fiscal General de la Nación y con el Procurador, nos permitirá perseguir de manera directa el patrimonio individual de los accionistas y administradores de dichas IPS’s, que incurrieron en maniobras fraudulentas y que dieron origen al daño patrimonial a los recursos de la salud”, explicó Maya Villazón.