Abogados derrumban tesis que “hundía” a registradores y a jefa de pasaportes de la Gobernación

Luego de una maratónica audiencia que inició en la mañana del sábado y terminó a las tres de la mañana del domingo, la juez 63 municipal con funciones de control de garantías de Bogotá determinó una nueva citación el lunes 1 de octubre a las 3:00 de la tarde. Sin embargo, antes del término de la sesión, los abogados del proceso habrían logrado desestimar los argumentos de la Fiscalía General de la Nación que buscarían ingresar a la cárcel a los registradores Eduardo Noguera y Said Sarquis, de Ciénaga y Pivijay respectivamente, y Kathleen Villalba, directora de la oficina de pasaportes de la Gobernación del Magdalena.

Una fuente dentro del caso comentó a Seguimiento.co que la teoría de la fiscalía, en la cual habría una participación de los funcionarios para el otorgamiento de documentación a ciudadanos extranjeros que se hacían pasar por nacionales, la derrumbó el abogado Alvaro Escobar Gil, dejando en claro que el ente judicial “no demostró una inferencia razonable en el caso”.

Esto se concluyó, de acuerdo a la fuente, por la trazabilidad del caso pues quedó demostrado que los ciudadanos extranjeros objeto de investigación nunca ingresaron por mar, aire o vía terrestre a territorio colombiano, de acuerdo con Migración Colombia.

La fuente cita que todo inició cuando los individuos causantes de la situación, supuestamente de nacionalidad siria libanesa, registraron su documentación en una notaría de Cartagena. De allí pasaron a la registraduría en el municipio de Pivijay donde le entregaron un registro que les permitiría obtener cualquier documentación. Al poco tiempo se dirigieron a Ciénaga a sacar contraseñas. En ese momento el registrador Eduardo Noguera se da cuenta que esa documentación no es firmada por él ni mucho menos la cédula que los ciudadanos obtuvieron, la cual -agrega la fuente- es falsa porque fue expedida en 2006, 10 años antes de los trámites, y dos antes que Noguera Dangond asumiera el cargo de registrador de Ciénaga.

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El hecho, que fue denunciado en su momento por el registrador Noguera ya había escalado: los ahora nacionales habían solicitado tanto en Riohacha como en Santa Marta sus pasaportes para salir del país. Habrían ido a Europa y posteriormente a Estados Unidos donde participaron en acciones delictivas.

Otro hecho que logró demostrar la defensa de uno de los funcionarios involucrados y que luego fue asumida por todos los juristas presentes es que para el año de los acontecimientos, 2016, las claves asignadas a todos los funcionarios de registradurías (para la realización de este tipo de documentos) eran genéricas y transferibles, además que nunca se cambiaron. El hecho fue corregido por la entidad al año siguiente cuando señala su carácter de intransferible y son modificadas.

Ante la trazabilidad planteada y demostrada, todos los abogados de los involucrados solicitaron la libertad inmediata por considerar también que en este caso fueron burladas las autoridades colombianas, europeas y estadounidense.

¿Afán de resultados?

La fuente consultada por este diario digital dijo que fue denunciado dentro de la audiencia que la Dirección nacional de fiscalías le está exigiendo a los directores seccionales la “desarticulación de bandas u organizaciones delincuenciales y es por ello que se afanan y hacen investigaciones para luego solicitar órdenes de captura sin evidencias y en contra de la dignidad humana de las personas”.