Unimagdalena pide reforma a la Ley 30 para aumentar recursos a la educación pública

Durante audiencia pública en la que se debatió la reforma a la Ley 30 de 1992, la Universidad del Magdalena, representada por su Vicerrector Administrativo, Jaime Noguera Serrano, objetó el modelo de financiación actual de las universidades públicas y planteó establecer un mecanismo de asignación adicional de recursos para garantizar cobertura y calidad.

“Tenemos un modelo de financiación insostenible e insuficiente, pero que a la vez es desequilibrado, sobre todo con las universidades territoriales, las de la provincia”, señaló Noguera, en el espacio convocado por el Senado de la República, donde expuso la realidad que afrontan diferentes instituciones de educación superior.

El funcionario de Unimagdalena argumentó que, a nivel nacional, cinco universidades públicas abarcan el 50 % de la transferencia y solo representan el 24 % de la cobertura; mientras que el 50 % restante de las asignaciones presupuestales se distribuyen entre las otras 29 instituciones que suponen el 76 % de la matrícula en el país.

Ante esto, el Vicerrector Noguera Serrano hizo énfasis en que la Ley debe contemplar la obligatoriedad de la asignación de recursos adicionales para resolver la desfinanciación estructural. “No podemos dejar abierto a que sea la voluntad política del gobierno de turno la que defina los recursos de la educación superior pública”, añadió, resaltando que el actual Gobierno Nacional ha sido el primero en reconocer esta situación y de abordar una solución a la misma.

Además, sustentó que, pese a que la Universidad del Magdalena ha pasado de 3.000 a 27.000 estudiantes entre 2001 y 2024, la tasa de cobertura en educación superior en el Departamento actualmente se encuentra en un 33 %, incluyendo los servicios educativos del Sena, lo cual evidencia la necesidad de asignar nuevos recursos a las universidades públicas, particularmente en los territorios y provincias.

“Unimagdalena espera que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República acojan los planteamientos hechos en la audiencia por la Institución, el Sistema Universitario Estatal y demás actores del sector, en aras de buscar mecanismos para garantizar la financiación de la educación superior pública, con el fin de ampliar cobertura y alcanzar los más altos estándares de calidad” indicó la Alma Mater a través de un comunicado.

Socialización de la reforma

En el espacio desarrollado en la ciudad de Bogotá, denominado ‘Rescatamos la educación pública’ realizado por la Comisión Sexta del Senado de la República y presentado en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, se propuso la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. 

Entre las principales iniciativas se encuentran: Integración del financiamiento, para unificar los recursos destinados a las 34 universidades públicas y las 30 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que actualmente están excluidas del sistema de financiación.

También, la creación del Índice de Costos a la Educación Superior (ICES), un indicador calculado por el Dane que permitirá actualizar los recursos asignados según la evolución real de los costos en el sector educativo.

A su vez, la asignación de recursos adicionales, destinados a ampliar la cobertura educativa, reducir brechas, fortalecer la permanencia estudiantil, formalizar el empleo docente y mejorar la calidad educativa en las instituciones públicas.