En cinco años, 47 venezolanos han sido deportados de Santa Marta, según Migración Colombia

Los concejales de Santa Marta manifestaron este miércoles su preocupación por la creciente presencia de migrantes venezolanos en la ciudad y su relación con la inseguridad, la informalidad y la invasión del espacio público y los cerros tutelares.

Para debatir este problema citaron al recinto a la directora regional de Migración Colombia, María del Pilar Corredor; al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Óscar Solarte; y al secretario de Gobierno Distrital, Adolfo Bula.

Según datos de Migración Colombia, el Magdalena tenía 85.092 migrantes venezolanos a corte 31 de octubre de 2019, siendo el octavo departamento con mayor concentración de esta población en el país. De estos 25.127 cuentan con Permiso Especial de Permanencia (PEP), es decir, el 29,4%. La mayor concentración de migrantes venezolanos está en Santa Marta, donde hay 39.506. 

La directora regional de Migración Colombia, María del Pilar Corredor, dijo que el PEP, que tiene máximo dos años de vigencia, es el único documento de identificación válido para los venezolanos en territorio colombiano, con el que pueden acceder a la oferta institucional en materia de salud y educación. Los que no cuentan con este permiso se encuentran de manera irregular en el país.

Igualmente, señaló que las medidas migratorias que se toman contra los migrantes que cometen delitos o están de forma irregular en el país son las deportaciones, expulsiones y las expulsiones discrecionales que se hacen si el extranjero atenta contra el orden público o la seguridad nacional.

Entre 2015 y lo que va corrido de 2020, según Corredor, en Santa Marta se han realizado 47 deportaciones y 12 expulsiones de migrantes venezolanos.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que los venezolanos que son judicializados o sujetos de acciones penales por delitos cometidos en Colombia no pueden ser expulsados del territorio hasta tanto no hayan cumplido la pena impuesta por un juez.

“Para poder expulsar a un ciudadano extranjero, el juez nos los tiene que ordenar. En muchos casos la persona queda vinculada al proceso y no los tiene que informar la Fiscalía”, expresó Corredor.

Además, explicó que el Consejo de Estado exhortó a Migración Colombia y al Ministerio de Relaciones Exteriores a no realizar deportaciones masivas y a garantizar el debido proceso sancionatorio en materia migratoria siguiendo las pautas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con relación a los controles migratorios, Corredor dijo que en Santa Marta hay dos puestos de control, uno aéreo y otro marítimo, donde se verifican en las bases de datos si los extranjeros tienen antecedentes penales, si son requeridos por alguna autoridad nacional o extranjera o tienen medidas de expulsión o deportación vigentes. En caso de que sea así se hace su inadmisión o se procede a su captura.

También dijo que, a través del Grupo Especial Migratorio, conformado por Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Policía Nacional y la Dian, se realizan operativos conjuntos como el plan semáforo y caravanas de seguridad. Entre 2019 y lo corrido de 2020 se han realizado alrededor de 30 operativos.

Aumento de capturados

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Oscar Solarte, dijo que el número de venezolanos capturados por distintos delitos en la ciudad ha ido en aumento.

En el histórico de capturas de venezolanos se pasó de 23 en 2016 a 374 en 2019, es decir, un incremento del 1.526%. Igualmente, entre el primero de enero y el 26 de febrero de 2018 hubo 19 venezolanos capturados, en la misma fecha de 2019 fueron 31 y en 2020 van 76, un incremento del 145%.

Los delitos más comunes, según el oficial, son el porte de estupefacientes, hurto a personas, hurto a entidades financieras, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas.

Igualmente, el coronel Solarte dijo que este año en Santa Marta han sido asesinados cuatro venezolanos y estos crímenes fueron cometidos con arma blanca. El año pasado fueron asesinados 17, de los cuales 15 eran adultos y dos adolescentes.

El secretario de Gobierno Distrital, Adolfo Bula, aseguró que los dos grandes problemas que genera la migración venezolana en la ciudad son en materia de vivienda y generación de empleo porque se ha disparado la invasión de los cerros tutelares y del espacio público sobre todo en El Rodadero.

Bula dijo que entre colombianos y venezolanos hay más de 12.000 familias invadiendo los cerros tutelares de la ciudad. “Sacarlos de allí significa que hay que crear una fuerza especial de Policía, Ejército y Udep, pero, ¿esa será la alternativa?”, expresó.

Igualmente, dijo que otro problema es la falta de coordinación entre las entidades nacionales, distritales y las ONG porque hay, por ejemplo, fundaciones que están realizando actividades en materia de salud y educación y recibiendo recursos de cooperación internacional para atender a los migrantes venezolanos, pero no están articulados con las entidades locales.

“Esto no puede seguir así porque la demanda de derechos y servicios es tan grande que nosotros no podemos darnos el lujo de seguir en esta anarquía para enfrentar esta situación”, expresó Bula y añadió que se han hecho varias reuniones entre distintas entidades, pero no se llega a soluciones concretas.

Reacción de concejales

Luego de escuchar a los citados, los concejales coincidieron en que la situación de los migrantes venezolanos en Santa Marta es muy preocupante.

El concejal Enrique González manifestó que la inseguridad en Santa Marta ha aumentado debido a la presencia de venezolanos y reclamó más controles por parte de Migración Colombia.

“No se compadece que la Policía Metropolitana realice 374 capturas (en 2019) y solamente haya 47 deportaciones y 12 expulsiones. Necesitamos de Migración Colombia que haya más efectividad y acompañamiento con la política del Distrito y la Policía para expulsar de nuestro territorio a aquellos extranjeros que violan la ley”, expresó González.

El concejal David Palacio dijo que las acciones de Migración Colombia deben ser preventivas y que los venezolanos que no tengan PEP deben ser deportados para evitar que cometan delitos.

“No necesitamos que el venezolano cometa un delito, por el simple hecho de no cumplir con las reglas para estar en la ciudad y el país, que es el permiso de permanencia, no pueden estar aquí (…) Más de 700 capturados no los podemos deportar, tienen que pagar los delitos que cometen en Colombia”, expresó Palacio.

Por su parte, el concejal Carlos Pinedo dijo que está fallando la coordinación entre las instituciones para controlar el ingreso de venezolanos por las fronteras. “Si no hay coordinación no vamos a controlar (...) La institucionalidad viene fallando desde el Gobierno central”, afirmó.