Ya van cerca de 19 mil colombianos desplazados por el conflicto este 2023

El confinamiento de comunidades ha sido una constante en los dos últimos años. Mientras en 2022 se presentaron 92 eventos entre el primero de enero y el 20 de junio, en el mismo periodo del 2023 se registraron 89. En lo que va corrido de este año, se han confinado 103 comunidades, el equivalente a 5825 familias.

“Las comunidades se ven obligadas a permanecer prácticamente secuestradas en sus territorios, al quedar en medio de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, que son los causantes de los riesgos, las amenazas y señalamientos”, subrayó el Defensor del Pueblo.

En 2023, también a nivel país, las principales causas del confinamiento estuvieron relacionadas con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 eventos; enfrentamientos, 32; amenazas, siete, y finalmente, un evento debido a un paro armado.

“Estas son las cifras frías que debemos entregar y con las que esperamos llamar la atención de las autoridades del Estado para no permitir que eventos como el confinamiento se vuelvan paisaje, sin que el Estado atienda de manera oportuna y eficaz las vulneraciones contra las comunidades”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe ‘El Estado de la Movilidad Humana Forzada 2022’, documento que detalla el número y la localización de los confinamientos, los desplazamientos y riesgos.

En la socialización del informe, Carlos Camargo Assis también reveló que en lo corrido de este año se han presentado 59 desplazamientos masivos en Colombia, los cuales equivalen a 18.755 personas. Chocó es el segundo departamento con más desplazamientos, con 12 eventos; el primero es Nariño, que reporta 20.

Finalmente, además del desplazamiento forzado de las comunidades, el Defensor del Pueblo llamó la atención del Gobierno Nacional sobre el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.

“Allí resulta fundamental que las autoridades nacionales, departamentales y municipales tomen las medidas necesarias para defender la institucionalidad del Estado y evitar que los violentos sigan ganando terreno”, puntualizó el Defensor del Pueblo.