Cuando Los urabeños intentaron parar a Santa Marta

El alcalde Carlos Caicedo se encontró de frente con aquella realidad cruel que ponía a Santa Marta en el puesto 32 de las ciudades más inseguras de Latinoamérica. Recién había comenzado su mandato como alcalde cuando debió enfrentar el 5 de enero del año 2012 el paro armado decretado por Los Urabeños en cabeza de Darío Úsuga, alias Otoniel. La temidas Bacrim –banda criminal-, tenía el comercio de Santa Marta cerrado como retaliación a la muerte de su hermano.

Caicedo no se dejó intimidar y ordenó militarizar el centro de la ciudad para que almacenes, restaurantes y hoteles funcionaran con normalidad. Prendió las alarmas y puso al corriente de la gravedad de la situación con el ministro Juan Carlos Pinzón quien se encontraba en la zona. Incluso el presidente Santos confirmó personalmente la amenaza de los Úsuga. Caicedo hizo de la crisis una oportunidad y planteó la necesidad de que Santa Marta tuviera una policía metropolitana sólida y se estructurara un plan de seguridad que le devolviera la tranquilidad a la gente. Había llegado un nuevo alcalde a la ciudad.

Este fue el primero de la serie de hechos que se le vinieron a Carlos Caicedo quien se había probado en aguas espesas como la rectoría d la Universidad  del Magdalena en tiempos del control y mando de los paramilitares en la región. Sabía lidiar con chantajes y amenazas. Pero los samarios tenían miedo de salir a la esquina. Su desafío como gobernante era volver vivible y amable para todos la ciudad. Par todos.

Las estadísticas con las que recibió la alcaldía eran poco halagadoras: se asesinaban 227 personas al año; más de una cada dia de por medio. El primer paso y el más obvio era aumentar la presencia de la policía en las calles. En el primer años la Policía metropolitana de Santa Marta fue reforzada con 1200 agentes más y se dispuso de $7.700 millones de presupuesto para mejorar su operación: dispuso dos lotes para las nuevas instalaciones de la Policía, más de 60 motos, unidades móviles, sistemas inteligentes de vídeo y 253 cámaras de vigilancia localizadas en puntos clave de la ciudad asegurando una tasa de cobertura de 1854 habitantes por cámara y algo calve: en el 2013 la alcaldía logró articular el trabajo de cinco instituciones involucradas en la seguridad: Policía Metropolitana, CTI, Ejército,  Armada Nacional y Migración Colombia

Pero la administración de Caicedo no se limitó a las acciones defensivas y de cobertura policíaca. Buscó ir a las raíces para atacar la violencia en sus orígenes: conformó el Observatorio de Seguridad y Convivencia [ODSC], un centro con  profesionales de distintas disciplinas  con el objetivo de sistematizar, analizar y comunicar información georreferenciada sobre el delito y la violencia en la ciudad de Santa Marta para poder contar con indicadores ciertos y poder actuar en consecuencia. Las Secretarías de gobierno y de salud; la Policía, el Ejercito, Medicina Legal, INPEC, ICBF, Fiscalía, CTI, Migración Colombia, Personería Distrital, Defensoría del Pueblo, Concejo seccional de la Judicatura, Frente de Seguridad Financiero, FENALCO, UNDECO y ASOCIE se comprometieron a alimentar las bases de datos del Observatorio con reportes diarios, semanales y mensuales.

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