¿Por qué denunciaron penalmente a Carlos Caicedo y a Cathy Juvinao?

El 27 de mayo, el abogado penalista Julián Quintana Torres radicó un documento de 30 páginas ante la Coordinación de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una denuncia penal en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y la activista e influenciadora de redes sociales Catherine Juvinao Clavijo, quien actualmente es contratista de la Gobernación.

Precisamente por este contrato -para asesorar al gobernador en comunicación estratégica y relacionamiento con medios nacionales- fue que el abogado sustentó ante la Fiscalía la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En la presentación de sus argumentos, el abogado considera que el delito se constituye teniendo en cuenta dos hechos jurídicos relevantes: recurrir a la figura de la nómina paralela y, además, haber suscrito el contrato con un objeto contractual ilícito.

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Según el penalista, el contrato que suscribió el gobernador Caicedo con la activista de redes sociales “no está enfocado en fortalecer las necesidades del departamento, sino los intereses políticos y personales del mandatario”.

Para sustentar el porqué se habría recurrido a la nómina paralela, el abogado Quintana trajo a colación el decreto 537 de octubre de 2017, en el que se señala que la Oficina de Comunicaciones cuenta con un jefe de oficina, un profesional universitario y cinco técnicos operativos que desempeñan las mismas funciones por las que fue contratada Juvinao, con lo cual el abogado sostiene que “es falso” pretender argumentar que no cuentan con personal para desempeñar las funciones con sus propios empleados de planta.

Según el abogado denunciante, los estudios previos del contrato se contradicen a sí mismos, pues, primero argumenta que no existe el personal suficiente de planta para realizar dicha labor, pero en el párrafo siguiente sostienen que la alta carga laboral no les permite realizar las actividades por las que finalmente contratan a la activista. “Se torna ajeno a los principios de la contratación estatal contratar a un agente externo para que desarrolle las mismas funciones de los servidores públicos”, adujo Quintana en su escrito.

El otro punto en el que insiste Quintana es el que tiene que ver con el polémico manejo a los sectores de oposición. El abogado incluso llega a sustentar que el alcance de ese contrato tiene, incluso, el objeto de agredir al fiscal general de la Nación.

“Para una mayor ilustración, traemos a colación algunos trinos que escribió Catherine Juvinao Clavijo, desde que inició la ejecución del contrato. Esto le permitirán a la Fiscalía General de la Nación evidenciar los ataques a la oposición desdés de su cuenta de Twitter, bajo el manto de la obligación del contrato e incluso ataques a los organismos de control”.

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No es atacar a la oposición; es tender puentes

La activista Catherine Juvinao se ha referido a este tema en dos ocasiones, en diálogo con Seguimiento.co, para aclarar a la opinión pública que el objeto del contrato que suscribió con la Gobernación del Magdalena no es el de atacar a la oposición, sino el de tender puentes con esta, entendiendo que Carlos Caicedo, al ser elegido en su cargo, gobierna a todos los magdalenenses, incluyendo incluso a los opositores; de ahí la importancia de que todos los sectores tengan la oportunidad de interactuar con el mandatario y unir criterios, aun en medio de la diversidad de posiciones.

El alcance del contrato de Juvinao quedó explícito en el primer informe que entregó al supervisor del contrato, sobre la gestión de su trabajo, el cual fue publicado por este medio digital en su momento.

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