Sin financiación no hay futuro: Unimagdalena hace un llamado al Congreso para aprobar la reforma a la Ley 30

La Universidad del Magdalena se suma al llamado nacional para aprobar el Proyecto de Ley 212 de 2024, que actualiza los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y establece una nueva fórmula de asignación de recursos para las universidades públicas. Esta reforma garantiza una financiación justa, progresiva y sostenible, vinculada a criterios de calidad, inclusión, cobertura y desarrollo regional.

El rector de esta Alma Mater, Pablo Vera Salazar, recordó que en 1992 esta Institución de Educación Superior tenía apenas 2.000 estudiantes, mientras que hoy se aproxima a los 30.000. Sin embargo, la transferencia por cada alumno ha disminuido en lugar de crecer, a pesar del decidido apoyo del actual Gobierno y de las luchas históricas de la comunidad universitaria.

“Durante más de tres décadas, los recursos para la educación superior pública han crecido únicamente con el IPC, mientras las universidades aumentaban su cobertura, matrículas, investigación e infraestructura. Esto ha generado un desfinanciamiento crónico que limita la calidad y cierra las puertas a miles de jóvenes en las regiones”, explicó el Máximo Directivo.

Ante este panorama, Vera Salazar hizo un llamado al Congreso: “Senadores y senadoras, el Proyecto de Ley 212 de 2024 es una oportunidad histórica para cerrar la brecha de financiamiento de la universidad pública. Para UNIMAGDALENA significa garantizar inclusión, innovación y compromiso con el Caribe. Les pedimos su voto a favor, porque sin financiación no hay futuro para nuestros jóvenes ni para las regiones.”
La reforma beneficiará a las universidades públicas en su conjunto, proporcionando más recursos para ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura, fortalecer la investigación y garantizar el bienestar estudiantil.

En el caso particular de esta Casa de Estudios Superiores, representa el fortalecimiento de programas de inclusión como Talento Magdalena y Talento Santa Marta, más apoyos para estudiantes de sectores vulnerables, y la sostenibilidad del crecimiento en investigación, innovación y regionalización.

Además, contribuirá a una mayor equidad frente a universidades del centro del país, cerrando brechas históricas que han limitado el desarrollo del Caribe.

El Rector concluyó que esta reforma no solo es un acto de justicia del Estado, sino que constituiría un gran logro que permitirá a la comunidad universitaria seguir soñando y transformando vidas y territorios desde la educación pública.