Fiscalía emite orden de captura a hermanos Vives Lacouture por Agro Ingreso Seguro

Por petición del juzgado 13 penal del circuito de conocimiento, la Fiscalía General de la Nación emitió orden de captura con sentencia condenatoria aún por establecer, contra los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture, ambos relacionados con el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Al establecerse el sentido condenatorio de la sentencia por el delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo a título de intervinientes. Lo que quiere decir que se enriquecieron a través de los fondos públicos que administraba, en aquella época, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.

Una vez proferida la sentencia, el juzgado solicitó a las autoridades que se capture a los dos hermanos Lacouture para que cumplan la pena que les corresponda, la cual oscilaría entre 8 a 22 años. La pena definitiva se dará a conocer el 11 de marzo de 2016.

La investigación de las autoridades determinó que los hermanos Lacouture fraccionaron sus predios en el Magdalena para poder acceder a los subsidios que el Gobierno había dispuesto para que los agricultures pudieran resistir mejor los embates del Tratado de Libre Comercio. 

Los hermanos habrían recibido beneficios económicos de hasta 1.776 millones de pesos a través de Agro Ingreso Seguro. Mientras el Gobierno seleccionaba los programas que podían recibir los subsidios, los hermanos presentaron múltipes proyectos a través de los mismos predios, que presentaban como parcelas más pequeñas, por lo que obtenían en conjunto una gran cantidad de dinero que, en principio, habría estado pensada para ayudar a los pequeños agricultores.

El programa de Agro Ingreso Seguro fue impulsado durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, actual senador de la República, su sentido era ser una ayuda para el campo, que empezaría a competir con productos importados sin impuestos, debido al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, muchas familias prestantes de la Costa Caribe se beneficiaron de forma irregular del programa, defraudando al menos 25 mil millones de pesos al Estado.