Procuradora pide a Petro “no improvisar” con la seguridad para elecciones

El presidente de la República Gustavo Petro Urrego firmó el decreto con las respectivas medidas de seguridad que se podrán llevar a cabo en las próximas elecciones del 29 de octubre del 2023. En esta, se establecen los horarios que empieza a regir la ley seca, y hay un artículo que señala el procedimiento para eventuales traslados de mesas por orden público.

El artículo 14 indica que "ante la eventualidad de que, en algunos municipios o distritos, por motivos de orden público, se haga necesario realizar el traslado de puestos de votación, esa decisión deberá ser sometida, previamente, a consideración de la respectiva comisión departamental para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales, previo informe del correspondiente alcalde y registrador municipal".

Estas normas deberán ser acogidas como una acción administrativa por la registraduría Nacional del Estado Civil y la “logística será provista por los alcaldes municipales, distritales y/o gobernadores”.

El decreto estipula que “esta medida debe ser excepcional ante la imposibilidad de implementar soluciones diferentes y, tal decisión, deberá ser previamente aprobada por el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional del Estado Civil a nivel central”.

Por otra parte, el estatuto indica que la ley seca empezará a regir a partir de las 6:00 de la tarde del sábado, 28 de octubre, a las 6:00 de la mañana del lunes, 30 de octubre. En caso de que haya segunda vuelta en la ciudad de Bogotá la ley seca será en los mismos horarios desde el sábado, 18 de noviembre, hasta el lunes 20.

Ante estas normativas que firmó el presidente Gustavo Petro, la procuradora Margarita Cabello se pronunció y dijo que "no es hora de improvisar" así mismo le pidió al Gobierno Nacional “una estrategia clara de seguridad para las elecciones”.

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que presente una estrategia contundente, que permita garantizar a los colombianos una jornada electoral, el próximo 29 de octubre, libre y transparente. 

En la versión XI del foro "Avances del proceso electoral", en la ciudad de Florencia, Caquetá, aseguró que este "no es momento para improvisar" en los temas relacionados con el orden público, ni de hacer anuncios con "fervor político", porque "lo que está en juego es la democracia, el derecho elegir y ser elegido, libremente y con todas las garantías". 

La jefe del Ministerio Público destacó, que de acuerdo con la cuarta versión del Mapa de Percepción de Riesgo socializado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional, hay 43 municipios que requieren atención prioritaria, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Llamado a cumplir las reglas

La Procuradora le solicitó en la recta final de estas elecciones, a toda la institucionalidad, a los partidos, candidatos, campañas y ciudadanía, "a respetar y hacer respetar las reglas. Los servidores públicos para serlo, debemos jurar cumplir la Constitución y la Ley, mismas que fijan competencias, límites y marco de acción de los servidores". 

Reiteró que, la presencia masiva de la Procuraduría y la Organización Electoral "son muestras del interés y la importancia de los territorios en nuestro accionar. Estamos acá porque cada ciudadano y ciudadana importa, porque todos los territorios importan, y porque debemos dejar un mensaje claro de que el monopolio de la fuerza corresponde al Estado". 

En el balance presentado sobre la vigilancia y control electoral, Cabello Blanco aseguró que la financiación de las campañas políticas, la propaganda electoral y su fijación en sitios prohibidos o no autorizados, y el fenómeno histórico de la inscripción irregular de cédulas (trashumancia electoral), han sido algunos de los grandes retos en este proceso. 

Finalmente, recordó que la facultad de la Procuraduría para indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso a los de elección popular, sigue vigente, por el bien del país, de la democracia y del derecho de participación ciudadana. "Hemos hecho uso de ella para poner orden en la contienda, por supuesto, respetando el ordenamiento jurídico", concluyó.