Extorsionaban a la comunidad para permitirles acceder a agua potable


Un fiscal especializado Gaula presentó ante un juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de la organización delictiva ‘El Pinar’, a quienes se les atribuyen actividades ilícitas en contra de los habitantes de la Comuna 1 de Medellín (Antioquia) y parte colindante del municipio de Bello, como extorsiones, desplazamientos forzados, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, entre otras.
Estas personas, al parecer, exigían entre 5.000 y 7.000 pesos a los residentes de distintos barrios para permitirles acceder al servicio de agua potable. Adicionalmente, se estableció que también habrían impuesto cuotas ilegales para dirimir los conflictos que surgían en la comunidad.
De igual manera, el material de prueba los vincula con el cobro de extorsiones a los comerciantes, las cuales oscilaban entre 1 y 4 millones de pesos, para permitirles abrir sus negocios o distribuir los productos que vendían. Muchas víctimas denunciaron y aseguraron que, en medio de amenazas de muerte, fueron obligadas a abandonar sus viviendas por no entregar los dineros que solicitaba ‘El Pinar’.
En 26 diligencias de allanamiento y registro fueron capturados los señalados cabecillas de la red delincuencial, identificados como Yurdey Yesid Molina Zabala, alias ‘Yurdey’; y Ricardo Antonio Vargas Palacio, alias ‘Richard’. Asimismo, fueron detenidos otros presuntos integrantes, ellos son: Mario Enrique Márquez Gómez, alias ‘Mario’; Francisco Antonio Borja Suaza, alias ‘Toño’; Jonathan Hernán Muñoz Osorio, alias ‘Jonathan’; Roque Luis Molina Zabala, alias ‘Roque’; y Jorge Luis Múnera Rave, alias ‘El Tigre’.
Los detenidos fueron imputados, según el posible rol delictivo que cumplieron, por los delitos de: concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, extorsión agravada, secuestro extorsivo agravado, fuga de presos; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
Por disposición del juez de control de garantías, los siete detenidos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Como parte de este proceso, fueron citadas e imputadas Andrea Vásquez Agudelo y Jenny Catalina Rivera Agudelo, por el delito de desplazamiento forzado, ya que habrían llamado al grupo para que amenazaran y sacaran a una familia del sector. Estas dos personas recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia.
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