40 años de la toma del Palacio de Justicia: la herida de los muertos y desaparecidos no cierra

Hace exactamente 40 años, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, el corazón de la justicia colombiana fue consumido por la tragedia. El Palacio de Justicia, símbolo de la ley y la democracia, se convirtió en un campo de batalla en el centro de Bogotá.

El reloj marcaba las once y media de la mañana, del miércoles 6 de noviembre, cuando 35 comandos armados del M-19 irrumpieron en el lugar. 

¿Por qué la toma del Palacio de Justicia?

La razón era clara, una declaración de guerra: el M-19 exigía que el entonces presidente, Belisario Betancur, fuera enjuiciado públicamente por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente incumplir los acuerdos de paz y por supuestas violaciones a los derechos humanos. El M-19 quería utilizar el Palacio como una tribuna para juzgar al Gobierno.

A pesar de las peticiones de diálogo que surgieron en las primeras horas, Betancur mantuvo una posición firme de no ceder al chantaje terrorista y ordenó la retoma inmediata del edificio por parte del Ejército Nacional.

Pero la respuesta no se hizo esperar. Casi de inmediato, las Fuerzas Militares iniciaron la operación de retoma. Tanques y fusiles rodearon la Plaza de Bolívar. Lo que siguió fueron 55 horas de combate implacable. 

Familias enteras se paralizaron frente a los televisores y radios, escuchando el estremecedor relato de la batalla, las voces de los rehenes y los disparos que rompían la paz de la capital.

El infierno

El edificio, donde se custodiaban los archivos que contenían las investigaciones más sensibles del país, empezó a arder. El fuego no solo consumió la estructura, sino también la esperanza de un final negociado.

La retoma, violenta y sin cuartel, dejó una cifra que Colombia nunca olvidará: más de 100 muertos. Entre ellos, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema, un golpe directo y devastador al país.

La herida abierta

Pero el drama no terminó con el último disparo. La herida más profunda, fue la de la desaparición forzada.

10 personas, en su mayoría humildes empleados de la cafetería, fueron evacuadas con vida del Palacio, pero jamás regresaron a casa. Sus rostros se convirtieron en el símbolo de la impunidad y de la oscura respuesta estatal.

Hoy, a 40 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado por esos crímenes. Exmilitares han sido sentenciados. El M-19, desmovilizado, ha asumido su responsabilidad del gran crimen.

Sin embargo, el 6 y 7 de noviembre de 1985 siguen siendo un doloroso recordatorio de que la verdad sobre lo que sucedió en esas 55 horas de ceniza y fuego aún no ha sido entregada completamente a las familias que llevan cuatro décadas esperando.