Inseguridad prolongada para magdalenenses

El departamento del Magdalena afronta retos gigantes en materia de seguridad, varios de ellos fueron anunciados; incluso fueron escenarios dibujados mediante Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y mediante insumos independientes de algunas ONG's. Sin embargo, no fueron atendidos y, en muchos casos, fueron abiertamente desacreditados. El gobernador -electo-, cuando fue alcalde de Santa Marta, dijo que la ciudad: “era un remanso de paz y que algunos pequeños problemas los tenían controlados”. Espero que por lo menos tenga una visión abierta que le permita liderar un plan maestro de seguridad que una a los 30 municipios incluido el distrito de Santa Marta, aunque, siendo honestos: esto no va a pasar pues la seguridad ha sido un tema menor, durante todos estos años y las decisiones políticas del departamento dependen únicamente de una sola cabeza. Luego, no existe la autonomía de mandatarios electos y no con esto me refiero solo al poder político dominante, sino también a los micropoderes políticos que como buenos demócratas hicieron todo lo posible por mantenerse en el poder a través de sus alfiles.

Una mirada rápida del departamento nos muestra varias realidades: una sub-región Sur y una sub-región Río, inestables, atravesadas por masacres, asesinato de líderes sociales, sicariatos, conformación de pequeños ejércitos anti-restitución, anclada al narcotráfico y con presencia hegemónica de las AGC y con el agravante del retorno del secuestro, que da cuenta de una negación institucional y policiva: la presencia del ELN., que, si ellos son los responsables de último secuestro, -y, todo apunta a que lo son-, pues la historia le da la razón a quienes desde diferentes puntos de vista han visibilizado esta presencia. Una sub-región Centro, que sigue cumpliendo la misma función del pasado, una especie de bisagra que recibe y que reparte, pero que sostiene el eje, que controla y de donde se establece el poder paramilitar. Una sub-región Norte, que es la puerta al interior del departamento, a las montañas y la economía (café, banano, palma) y Santa Marta con sus puertos y su oro verde.

Esa misma mirada rápida da cuenta de la lapidación de recursos públicos “invertidos” en una seguridad, sin planificación, sin criterio, sin objetivos claros, improvisada, pero resguardada por un muy alto poder corrupto que la protege y la controla a través de sofisticados métodos de anclajes mediáticos que lanzan como una horda hambrienta a devorar cualquier indicio de investigación y en que incluso, los Entes ven comprometida sus decisiones y prefieren hacer caso omiso. El temor al linchamiento mediático los ha llevado incluso a la doblegación, porque en un país justo, la Procuraduría, la Controlaría y la Fiscalía, ya hubiera tomado decisiones de fondo frente a tantos malos manejos y omisiones que han costado vidas humanas.

En las elecciones pasadas de alcaldías y de gobernación, no hubo un solo candidato que presentara una propuesta clara, ni compromisos realizables, acorde con el momento y la situación violenta del departamento/municipio/distrito. No hubo una sola, de hecho, algunos ni siquiera pronunciaron la palabra “seguridad”. Varios y varias ni siquiera necesitaron hablar y no faltaron los que sí pactaron con los ilegales y ganaron. Esos, tarde o temprano van a tener que asumir las consecuencias de sus actos.   

Hoy el poder paramilitar está en las montañas; en las sabanas y en las ciudades. Es la fuerza ilegal más importante con dominio y presencia territorial, con un silencio político abrumador y un miedo tan poderoso que se convierte en el mejor aliado.

Pero no es solo el único problema que se tiene, de hecho, la política de seguridad, para todas las regiones debe estar planteada en dos dimensiones: violencias urbanas y crimen organizado, porque son realidades diferentes y atacan de manera diferente. El robo es el pan de cada día, la violencia intrafamiliar, el desorden de en las ciudades -las motos hacen lo que quieren-, todas ellas, altamente visible que afectan negativamente y en esto es muy importante la planificación para saber cómo se ataca a cada una de ellas y cómo se invierten los recursos para devolver la tranquilidad.

Los alcaldes electos de las sub-regiones deben sentarse. Esto no es un tema de egos sino de planificación porque en últimas la segregación política nos tiene sumidos en esta problemática y, por lo menos, definir una estrategia frente al crimen organizado. Estrategias que deben estar ancladas a las políticas de seguridad del departamento y del Estado; estrategias que miren la opción de la negociación al conflicto armado y esto, no puede presentar como la única opción, pues los actores criminales saben que están en una posición de poder privilegiada y militarmente no los van a acabar. De modo que no queda otra que negociar, pero que cuando eso llegue -si es que pasa- porque esto también está bien enredado, por los menos que no sean ellos los que pongan todas condiciones y sino pasa, que exista un camino claro de judicialización y disrupción de sus violencias.

Ahora, ¿cómo se va a hacer esto en medio de tantos ataques y en medio de quienes se favorecieron con esa atmósfera de terror y que no hicieron nada por la seguridad y hoy son electos a través de afiles? Lo veo sumamente complicado por lo que la percepción no es la mejor y los magdalenenses van a tener más de lo mismo que han vivido en estos últimos años, con intervalos más peligrosos. No se puede olvidar que hay una disputa por el control de la Sierra, una política de negación -que funciona hasta cuando hay un hecho de violencia extremo- y hay que culpar a alguien y ese alguien es la fuerza pública, porque el dirigente impoluto, nunca asume ni siquiera su improvisación y todos terminaron doblegándose porque de eso dependen ascensos, apoyos, recomendaciones, reemplazos y condecoraciones, que deben estar por empezar, para vanagloriarse mutuamente, sin haber hecho lo suficiente por evitar los baños de sangre en la ciudad y los municipios.