En momentos en que Santa Marta atraviesa un proceso crucial de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), resulta preocupante que los ciudadanos, gremios y profesionales no tengamos acceso público al contenido de la propuesta que actualmente se discute entre la Alcaldía Distrital y la autoridad ambiental.
El POT define el modelo de ciudad que tendremos en los próximos años: dónde se puede construir, qué áreas se preservan, qué zonas tendrán equipamientos, servicios, movilidad y desarrollo. Es, en esencia, la hoja de ruta del territorio y de la vida urbana. Por eso, su discusión no puede quedar restringida a los escritorios de unos pocos funcionarios o asesores técnicos.
La Ley 388 de 1997 y los principios de la participación ciudadana reconocen que todo proceso de revisión o modificación del POT debe hacerse con información pública, abierta y verificable. No basta con convocatorias formales; la ciudadanía necesita conocer qué se propone cambiar, qué justificación técnica lo respalda, y cómo afectará los derechos y oportunidades urbanas de los distintos sectores.
En este contexto, es imperativo que la Secretaría de Planeación Distrital, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) y los demás actores institucionales, publique oficialmente el documento de propuesta de modificación, junto con los mapas, diagnósticos y fichas normativas que lo acompañan.
Solo así será posible una participación informada de los gremios de la construcción, colegios de arquitectos e ingenieros, universidades, comunidades y organizaciones ambientales, que tienen mucho que aportar al futuro territorial de la ciudad.
No hay razón válida para mantener en reserva un documento que, por su naturaleza, debe ser público y debatido. La transparencia no retrasa los procesos: los legitima.
Santa Marta necesita un POT concertado, pero sobre todo compartido. Un POT del que todos seamos parte antes de que sea adoptado.
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