Reparación a víctimas en el limbo: Farc no entrega predios y dio dólares falsos
La Contraloría General de la República advirtió sobre limitaciones financieras para la implementación de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras realizar un seguimiento permanente a los bienes entregados por las extintas FARC en el marco del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con el organismo de control, a través de su Delegada para el Sector Justicia se adelantó una revisión de los recursos disponibles para cumplir los componentes restaurativos y reparadores ordenados por la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-001 y TP-SeRVR-RC-ST-002 de 2025, proferidas por la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento.
Según el análisis, la Jurisdicción Especial estimó que la implementación de estos componentes requiere una inversión cercana a los 121.858 millones de pesos.
Sin embargo, para la vigencia 2026 solo se cuenta con aproximadamente 20.000 millones de pesos, lo que evidencia un déficit significativo para el cumplimiento de las medidas ordenadas.
La Contraloría también señaló que, si bien en las sentencias se impartieron órdenes judiciales precisas a entidades del orden nacional y territorial para garantizar las condiciones de implementación y la consecución de recursos, actualmente no existen apropiaciones presupuestales suficientes para dar cumplimiento a estas disposiciones, lo que limita su ejecución en 2026.
En relación con los bienes entregados por las FARC-EP, el ente de control indicó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.) fue designada como administradora del patrimonio autónomo encargado de estos activos, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) fue establecida como entidad beneficiaria por parte del Gobierno nacional.
No obstante, la Contraloría evidenció diferencias sustanciales entre los bienes que las Farc se comprometieron a entregar para la reparación de las víctimas y aquellos que efectivamente fueron entregados y monetizados, situación que, según advirtió, compromete la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación.
El organismo de control alertó que esta brecha genera incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y plantea riesgos frente al cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en materia de reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
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