Crisis en San Zenón: denuncian corrupción, deudas y presiones políticas en el hospital local

El hospital de San Zenón enfrenta una grave crisis que mezcla problemas financieros, presunta corrupción y presiones políticas contra trabajadores.
La comunidad denuncia un panorama que amenaza con paralizar la atención médica en el municipio.
Según habitantes y personal del centro asistencial, la entidad registra un déficit superior a los 2.200 millones de pesos. Aunque parte de la deuda proviene de administraciones pasadas, denuncian que la actual gerente, Johana Molina, vinculada a Fuerza Ciudadana, ha mantenido las mismas prácticas de endeudamiento.
Mientras se destinan recursos a contrataciones con un único proveedor de confianza, Héctor Jiménez, médicos y enfermeras reclaman hasta tres meses de salarios atrasados. En algunos casos, solo han recibido pagos parciales con el argumento de falta de presupuesto.
Los cuestionamientos también alcanzan al exgerente Óscar Rincón (2024), quien ya tenía antecedentes por presuntos hechos de corrupción en Tiquisio, Bolívar. En San Zenón, bajo su dirección, se habrían malgastado más de 160 millones de pesos del programa “Médico en tu casa”, destinado a cinco equipos básicos de salud, de los cuales solo uno operó parcialmente.
La comunidad acusa además que Rincón gestionó contratos para equipos de maternidad y odontología que nunca llegaron, entregándose en su lugar una unidad usada. Los contratos oficiales de su gestión, disponibles en el sistema de contratación pública, respaldan estas denuncias.
El hospital no solo atraviesa problemas económicos. También se denuncian retaliaciones políticas. Trabajadores aseguran que la gerente Molina, junto con Cristina Fuentes Jiménez (Partido de la U) y Luis Marcial Medina (Fuerza Ciudadana), han ejercido presiones y amenazas contra personal de salud y manipuladoras de alimentos, advirtiendo despidos por no alinearse políticamente.
La situación ha encendido alarmas en San Zenón y ha puesto la atención sobre el movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por el exgobernador Carlos Caicedo. La comunidad exige que se pronuncie frente a los señalamientos y defina su postura sobre las denuncias que involucran a dirigentes cercanos a su organización.
Los habitantes reclaman la intervención inmediata de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, con el fin de esclarecer los hechos, frenar la corrupción y garantizar el funcionamiento de un hospital que representa la única opción de atención médica en la zona.
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