“Son donaciones”: Gobernación del Magdalena sobre los grandes conciertos en inauguraciones

Luego de varios meses de silencio administrativo y solo tras una cadena de decisiones judiciales, la Gobernación del Magdalena terminó entregando la información solicitada por Seguimiento.co sobre los eventos realizados durante inauguraciones de obras públicas. La respuesta, emitida hace unos días, no solo llegó fuera de los tiempos legales, sino que abrió un nuevo debate: los conciertos y espectáculos no costaron recursos públicos porque, según la administración, fueron “donaciones".

El derecho de petición fue radicado por el periodista Román Medrano el 15 de septiembre de 2025, pero no obtuvo respuesta dentro de los términos de ley. Ante el silencio, el caso derivó en una acción de tutela que fue fallada a favor del peticionario el 21 de octubre, ordenando responder en un plazo de 48 horas. La orden tampoco fue acatada, lo que dio lugar al primer incidente de desacato, tramitado contra la entonces gobernadora encargada, Ingris Padilla, por el incumplimiento reiterado de una orden judicial.

Ese primer trámite concluyó con una decisión sancionatoria: cinco días de arresto y multa, al considerar el juzgado que el incumplimiento fue injustificado. No obstante, el proceso fue elevado en consulta y el Juzgado Quinto Civil del Circuito declaró la nulidad de lo actuado, no por cumplimiento de la Gobernación, sino por un defecto procesal en la individualización del funcionario responsable de responder el derecho de petición, ordenando rehacer el trámite.

Devuelto el expediente al Juzgado Tercero Civil Municipal, el despacho tuvo en cuenta que Margarita Guerra acababa de asumir como gobernadora en propiedad y, en garantía del debido proceso, le otorgó un nuevo plazo de 48 horas para dar respuesta de fondo a la solicitud de información. Pese a ese margen adicional, la respuesta tampoco fue entregada.

Fue entonces cuando se activó el segundo incidente de desacato, ya no contra la gobernadora encargada, sino directamente contra Margarita Guerra, al persistir el incumplimiento de la orden judicial aun después de su posesión y del nuevo requerimiento expreso del juzgado.

Solo en ese contexto —con dos desacatos consecutivos, uno anulado por razones procesales y otro formalmente admitido por un nuevo incumplimiento— la Gobernación allegó finalmente la respuesta al derecho de petición, cerrando un trámite que se había iniciado en septiembre y que solo encontró salida en diciembre, tras meses de presión judicial.

Según el documento firmado por la Oficina Jurídica, al menos nueve inauguraciones de obras contaron con eventos, cuya logística fue valorada en $728 millones, asumidos por la empresa Manteles & Cristales. No obstante, la administración sostiene que no contrató artistas ni pagó presentaciones musicales, pues estas habrían sido aportes voluntarios de contratistas y agrupaciones folclóricas locales, en el marco de actividades de integración comunitaria.

La Gobernación insistió en que no existe rubro presupuestal ni contratos para artistas, razón por la cual no entregó copias de convenios ni soportes de pago. Aun así, en su explicación no se detallan los criterios ni condiciones bajo los cuales se habrían realizado estas “donaciones”, ni por qué la información solo apareció cuando el proceso judicial ya avanzaba por una segunda vía sancionatoria.

El contraste no pasa desapercibido. Resulta llamativo que eventos con artistas reconocidos, tarimas profesionales y logística de gran formato sean presentados como actos solidarios, luego de un trámite marcado por silencios, nulidades y desacatos sucesivos.

Así, mientras la Gobernación insiste en que no hubo gasto público en conciertos, el debate queda abierto. En el Magdalena, las tarimas se donan, los artistas no cobran y las respuestas oficiales llegan, pero solo después de un extenso proceso en los juzgados. Una explicación jurídicamente válida, aunque para muchos magdalenenses sigue siendo, cuando menos, difícil de creer.