Caicedo, imputado ante la Corte Suprema por presunta corrupción en la Megabiblioteca

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, en relación con el proyecto de la Megabiblioteca de Santa Marta, cuando era alcalde entre 2012 y 2015.

Julián Quintana, abogado de la Alcaldía de Santa Marta en calidad de víctima en procesos de presunta corrupción, se refirió al caso en su cuenta de X, declarando: "Hoy a las 3pm la @FiscaliaCol acusa a @carlosecaicedo en otro caso de corrupción conocido como la mega biblioteca. Según el ente acusador, el contrato fue suscrito sin el cumplimiento de requisitos legales, encontrándose sobrecostos, es decir, se robaron los recursos públicos de @SantaMartaDTCH".

Según el documento de acusación, el proceso contractual para la "Construcción de una Megabiblioteca Fase I en la Institución Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino" por un valor de $10.044.275.255, se llevó a cabo sin la observancia de requisitos legales esenciales. La Fiscalía señaló diversas irregularidades que apuntaron a una falta de planeación adecuada y desarticulación con las políticas sectoriales

Una de las principales anomalías identificadas fue la desarticulación del proyecto con la política sectorial de Cultura. A pesar de que la "Megabiblioteca" atañía a una biblioteca pública estatal, el proyecto fue articulado forzosamente con el sector educativo, desconociendo la normativa del Ministerio de Cultura. Los soportes del proyecto no mencionaron normas técnicas del sector cultura, sino que se enfocaron en el fortalecimiento del sector educativo.

Además, el proyecto no consideró a grupos étnicos y población vulnerable, excluyéndolos de su cobertura a pesar de que las bibliotecas públicas estaban definidas para prestar servicios a todos por igual. También se inobservaron los lineamientos técnicos de la infraestructura bibliotecaria de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la normativa nacional coordinada por el Ministerio de Cultura.

La acusación subrayó que la planificación de la inversión pública del proyecto careció de una estructuración adecuada, lo que se tradujo en un incumplimiento de principios generales de planeación como la eficiencia, viabilidad y coherencia. Se argumentó que esta falta de articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que promovía la cultura, pudo haber contribuido a los sobrecostos y a la malversación de recursos públicos, como lo mencionó el abogado Julián Quintana.

En noviembre de 2013, se firmó un contrato de prestación de servicios para el diseño arquitectónico y urbanístico por $400.000.000. Posteriormente, en septiembre de 2014, el Concejo de Santa Marta autorizó al alcalde a comprometer vigencias futuras por más de $10.500 millones para la ejecución del proyecto.

La licitación pública (LP-006-2014) para la construcción de la primera fase fue abierta en noviembre de 2014, y el contrato fue adjudicado al Consorcio Megainstituciones por $10.044.275.255, con un anticipo del 50%.

La Fiscalía argumentó que las presuntas irregularidades en la tramitación del contrato permitieron deducir, con probabilidad de verdad, que Carlos Eduardo Caicedo Omar fue coautor de los delitos imputados, al no observar los requisitos legales esenciales y vulnerar los principios de contratación estatal y función pública.