La Fiscalía General introduce nuevas directrices para la gestión de la protesta social

La fiscal general Luz Adriana Camargo ha revisado y actualizado las directrices sobre la protesta social que databan del gobierno del expresidente Iván Duque. 

La nueva normativa, emitida el 10 de septiembre, reemplaza las directrices establecidas por el fiscal Francisco Barbosa en 2021. Esta reforma introduce 31 nuevas pautas que redefinen la manera en que los fiscales deben abordar los casos relacionados con las protestas.

Uno de los aspectos más destacados de las nuevas directrices es la descriminalización de la protesta social pacífica. Camargo ha instado a sus funcionarios a actuar sin prejuicios, argumentando que los actos delictivos durante las protestas suelen ser el resultado de la agitación y no de una intención criminal deliberada. La nueva normativa también enfatiza la necesidad de separar los delitos individuales de la esencia de la protesta.

El documento, dividido en cuatro capítulos, aborda la protección de la protesta pacífica, los límites del poder punitivo del Estado, la tipificación de delitos relacionados con las manifestaciones y los procedimientos para investigar y juzgar actos delictivos. 

Según las directrices, las protestas pueden llevar a alteraciones del orden público sin que esto implique automáticamente la comisión de delitos, y la violencia verbal contra servidores públicos no se considera delito.

Las nuevas normas también exigen que los fiscales sean más rigurosos al evaluar los actos de protesta y aseguren que las capturas y aprehensiones realizadas por la Policía cumplan con los estándares de legalidad, investigando posibles abusos como torturas o detenciones arbitrarias. Además, se ha establecido que la justicia ordinaria será la encargada de juzgar los delitos cometidos durante las manifestaciones, en lugar de la Justicia Penal Militar.