Redada en Fundación: funcionarios habrían usado datos falsos y de fallecidos para expedir cédulas
La indagación busca establecer si existieron inconsistencias en contratos, pagos y ejecución de proyectos de pavimentación en el municipio.
A través de un comunicado la entidad señaló que no acatará las disposiciones determinadas en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Las directrices buscan acelerar y fortalecer las investigaciones homicidios, intimidaciones y otras agresiones vinculadas con el ejercicio de su labor informativa.
La exconsejera aseguró que le advirtieron que, si no señalaba a altos funcionarios del Gobierno, sería imputada y enfrentaría una medida de aseguramiento.
La entidad administrará más de 400 locales una vez finalicen las incautaciones ordenadas por la Fiscalía.
La decisión se tomó tras concluir que no existen pruebas suficientes para demostrar responsabilidad penal en el caso.
La Fiscalía reveló cómo operaba el captador, quien engañaba y amenazaba a menores indígenas en Guaviare y Vaupés.
El mandatario rechazó cualquier trato con Diego Marín y aseguró que toda comunicación fue para exigir su entrega a la justicia.
El procesado respondía al alias de ‘Angelito’.
José Alberto Moya Pedrozo habría acabado con la vida de la mujer en presencia de su hija menor de edad.
El ente instó al Ministerio del Interior a revisar los esquemas de protección de los candidatos amenazados.
Operativos simultáneos en varios municipios dejaron capturas e incautación de armas, golpeando redes de extorsión y otros delitos.
La decisión se sustenta en pruebas extraídas de dispositivos electrónicos incautados durante un retén.
La medida deja sin efecto la suspensión que cobijaba a 23 jefes criminales.
Son señalados de exigir entre 10 y 300 millones de pesos a los mandatarios y otros funcionarios municipales para no entablar denuncias por supuestos hechos de corrupción.
Los beneficiados son cabecillas de distintas bandas delictivas que operan en este departamento, y que ahora hacen parte de la ‘Paz Total’.