¿De dónde viene el intento de Fiscalía por secuestrar bienes de Caicedo?

En junio de 2020 la agenda mediática del Magdalena se agitó cuando se conoció que la Fiscalía General de la Nación había adelantado un proceso de medida cautelar para el secuestro de varios bienes que posee Carlos Caicedo Omar, actual gobernador del Magdalena, el exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez y otras personas involucradas en procesos judiciales. 

Algunos de esos procesos -según relató la Fiscalía en su momento- tenían que ver con las presuntas irregularidades en la construcción y adecuación de los centros de salud en Santa Marta (en este se encuentra involucrado, particularmente, Rafael Martínez), pero también la Fiscalía, en ese entonces, aclaró que el secuestro de bienes a Caicedo tenía que ver con un proceso por el cual fue condenado a más de 8 años de cárcel en 2007, por el pago ilegal de prestaciones sociales a 47 docentes de la universidad. 

Sustentado en esto, la Fiscalía 21 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá radicó una demanda en el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla, para que sea el Juzgado el que proceda con la formalización de esta extinción de dominio de sus bienes. 

Aunque el juez valorará ahora la demanda y tomará una decisión, la defensa de Carlos Caicedo, representada en el abogado Ricardo Téllez, sostiene que es "inaudito" que se pretendan secuestrar bienes de Carlos Caicedo con base en un proceso del cual resultó absuelto años después, en el 2011, por la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá. 

¿Una sanción justificada?

Si bien es cierto que Carlos Caicedo finalmente fue absuelto del proceso por el pago a los docentes de la Universidad del Magdalena, existe un antecedente en el que el Consejo de Estado se pronunció sobre su caso y calificó su actuar como "gravemente culposo". 

El Consejo de Estado también justificó el actuar de la Fiscalía al solicitar imponerle medida restrictiva de la libertad pues hubo "inidicios graves recolectados y que sugerían su participación en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros". 

Ese pronunciamiento del Consejo de Estado, que se produjo en el año 2019, se dio puesto que Caicedo pretendía cobrarle a la Nación una reparación por valor superior a los $2 mil millones al considerar que su encarcelamiento había sido injustificado. Sin embargo, el Consejo de Estado no le dio la razón y, en cambio, lo condenó a pagar una multa de 20 millones de pesos.