La nación corrupta

La corrupción en Colombia fue uno de los temas protagonistas de las pasadas elecciones presidenciales. Fue la principal bandera política de la Coalición Colombia que representó el candidato Sergio Fajardo y también hizo parte de los repertorios discursivos de todos los candidatos presidenciales, incluso de aquellos quienes muchos de sus copartidarios han sido condenados e investigados por hechos de corrupción.

 Las elecciones pasaron: tenemos nuevo presidente. Pero el tema de la corrupción continúa. La senadora Claudia López y su equipo del Partido Verde vienen impulsando desde hace más de un año una consulta popular que busca erradicar, de una vez y para siempre, la corrupción de la política colombiana por medio de una serie de medidas concretas, muchas de ellas ya existentes, que le apuntan a ajustar las reglas de juego en la contratación estatal, en la naturaleza de la función pública y en el juzgamiento de los delitos asociados al hecho de marras. ¿Esta consulta es suficiente para acabar con la corrupción? Mi respuesta contundente es NO. Podemos detenernos a dar cuenta de la corrupción en sus diversas manifestaciones; sin embargo, cuesta hacer un ejercicio de abstracción para ubicar este fenómeno en el escenario del sistema político y, por qué no, en el espectro del Estado-nación.

Me explico: la corrupción, en esencia, es una relación de intermediación, es clientelismo puro y duro, pero ilegal. Llevamos en el país décadas explicando tales relaciones, pero no hemos abordado mucho la pregunta de ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del sostenimiento de la corrupción? O, en otras palabras, ¿Por qué existe tal facilidad para apropiarse de los recursos públicos? La respuesta fácil e históricamente dominante es que el asunto es de principios y valores; que hay una importante carencia y flexibilidad de moralidad y ética pública que facilita que un alcalde municipal sin mayores problemas se apropie, en el mejor de los casos, del 10% de cada contrato que firma. Esta es la posición de gente como Mockus y Sergio Fajardo. Muchos otros responden que es la captura ilegal del Estado y su instrumentalización como empresa la que explica la constante succión de recursos por parte de particulares. En esta última explicación se matriculan Gustavo Petro, Claudia López y la mayoría de los académicos del país.

La corrupción, así como la violencia, se comprende mejor si subimos un poco en la escala de abstracción y entendemos que, en tanto clientelismo, las prácticas corruptas responden a una forma particular de interacción entre Estado y sociedad; y que es propia de la formación del Estado-nación colombiano. En el centro del país ha habido más Estado que Nación, en las regiones intermedias más clientelismo que Estado y en la periferia del país más poderes de facto que nación y Estado. Así las cosas, ese sentimiento colectivo, eso que nos une a todos como miembros de un mismo país, esos símbolos patrios, han sido casi que inexistentes; y en su lugar operan referentes locales y regionales que nada tienen que ver con la vida nacional.

Dada esta fragmentación, que no solo es sociopolítica, sino histórico-cultural (porque más allá de los deportistas y de algunos buenos esfuerzos de Carlos Vives, nada conecta a un colombiano del pacífico con otro de los llanos) la identidad nacional es, a lo sumo, una quimera terrenal sin sustento material. En consecuencia, no hay posibilidad de contrarrestar la corrupción en el país cuando sigamos concibiendo al Estado como como algo alejado a un “nosotros”, como algo ajeno, que no nos pertenece. Mientras sea inexistente una comunidad imaginada que, atada a unas instituciones estatales, defina los derroteros de futuro del país, el clientelismo corrupto seguirá siendo la polea de transmisión entre Estado y sociedad.

Explicar, en ese sentido, el saqueo sistemático de los recursos públicos pasa no solo por develar a los responsables, como ya parece que se está haciendo, por ejemplo, en el departamento de Córdoba y que para esto López, Petro y Robledo son excelentes investigadores. Pero más allá, conviene revisar cómo se integró este departamento a la vida nacional, cómo el Estado allí no es más que la expresión política de una cultura parroquial que nada tiene que ver con la nación soñada de Bolívar y cómo, dado lo anterior, la ausencia de nación genera la indolencia del que se roba el dinero de los niños con síndrome de down.