Los líos que enredan al candidato liberal de la Alcaldía de Cerro de San Antonio

José Zapata Meriño, candidato inscrito por el Partido Liberal a la alcaldía de Cerro de San Antonio (Magdalena), se movilizaba  el pasado domingo en la noche tranquilamente por el municipio de Ponedera, en el Atlántico, cuando una patrulla de la Policía lo detuvo.

Al hacer una consulta de documentos de rigor, la Policía se encontró con que Meriño tenía una orden de captura vigente emanada por la Fiscalía 16 Especializada de Bogotá desde el año 2009 por el delito de concierto para delinquir.

Tan evidente fue este hecho que con el paso de las horas, el candidato fue llevado a  audiencia de legalización de captura (donde se verificó la vigencia del requerimiento judicial) e, inmediatamente, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel distrital El Bosque, en Barranquilla, donde actualmente permanece.

Más allá de esta situación, llama la atención el hecho de que, pese a tener esta orden de captura vigente, José Ignacio Zapata Meriño no tuvo inconvenientes para ser avalado por el Partido Liberal para los comicios electorales de octubre 25. ¿Cómo sucedió esto?

Resulta que, para efectos del aval y su respectiva inscripción como candidato, José Ignacio Zapata Meriño –previamente preocupado por el antecedente vigente al consultar en la página web de la Policía– envió un derecho de petición de información a la Fiscalía General de la Nación, en cuya respuesta le informaron que, al revisar la base de datos del Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) de la Fiscalía, este no figuraba en los registros.

Ese documento, que fue revisado por el Coordinador de la Unidad de Antecedentes y Anotaciones Judiciales de la Fiscalía, Jorge Enrique Sánchez Prada, fue el que el candidato de Cerro de San Antonio utilizó para presentarlo en calidad de certificación de sus antecedentes ante la Secretaría General del Partido Liberal.

El Partido Liberal aceptó este documento (pese a que el mismo documento aclara en mayúsculas y negrilla que esa respuesta no constituía una certificación) y asumió entonces que el requerimiento judicial que figura en la base de datos de la Policía en su página web podría tratarse, quizás, de un error de desactualización de la base de datos.  Así fue que le dieron el aval.

Lo más curioso de todo es que días antes, el codirector del Partido Liberal Horacio Serpa Uribe, se refirió a la manera eficaz y efectiva en que la colectividad, a través de la ventanilla única, se encargaba de revisar antecedentes de los prospectos a candidato para evitar que tuvieran una ‘hoja de vida’ manchada.