¿Meritocracia o politiquería? El concurso de Contralor en Magdalena comienza con inconsistencias

El concurso para elegir al próximo contralor departamental del Magdalena, que debería ser ejemplo de transparencia y meritocracia según la Resolución 034 de la Asamblea Departamental, ya enfrenta fuertes cuestionamientos.

Seguimiento.co conoció el caso de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Cecilia Durán, quien fue inadmitida en la lista preliminar pese a haber entregado todos los documentos exigidos. La Universidad de Medellín, encargada de verificar requisitos, alegó que no anexó el certificado de antecedentes disciplinarios como abogada.

Pero la jurista contradice esa versión.

“Me causó extrañeza porque sí lo acompañé, tengo la constancia de ello… La Comisión Nacional de Disciplina Judicial certifica que no tengo ninguna sanción disciplinaria como abogada y también acompañé el de la Procuraduría General de la Nación que certifica que tampoco he sido sancionada como funcionaria pública”, aseguró a este medio.

Los certificados tienen fecha del 9 de agosto, dentro del término que exigía la convocatoria. Aun así, su nombre fue excluido. Durán advierte que esto vulnera su derecho a participar en igualdad de condiciones.

“El agravante de esto es el perjuicio que ocasiona y la vulneración a los derechos fundamentales de las personas, en mi caso particular, del debido proceso de acceder a los cargos públicos en igualdad de condiciones”.

La abogada recordó que la misma ley colombiana prohíbe exigir papeles que las entidades pueden consultar en línea:

“Mira que el decreto 019 del 2012, que es la famosa ley antitrámite, establece que está prohibido a las entidades públicas solicitar aquellos certificados que pueden ser obtenidos por cualquier persona de manera pública en internet por vía digital”.

Aun así, aclaró que no se aferra a ese argumento porque confía en que se trató de un error administrativo.

“Siento firmemente que ha sido eso, de pronto no verificaron bien. La Universidad de Medellín es una universidad reconocida y es la que está llevando este trámite. Por tranquilidad prefiero pensar que fue una equivocación”.

La jurista presentó un recurso de reposición que deberá resolverse la próxima semana. 

De prosperar, podrá continuar en el proceso con la prueba de conocimientos, la entrevista y eventualmente quedar en la terna de elegibles.

Falta de apertura y transparencia

Más allá del caso particular, el proceso presenta otras inconsistencias de fondo. Aunque la resolución habla de una convocatoria “pública y abierta”, ciudadanos de distintos municipios cuestionan que la divulgación fue mínima y concentrada en Santa Marta, limitando la participación de aspirantes de otras zonas del Magdalena.

Además, los documentos de inscripción debían radicarse personalmente, lo que generó dificultades logísticas y barreras para muchos interesados.

Otro punto crítico es que los magdalenenses no tienen acceso a las hojas de vida de los aspirantes, lo que impide ejercer control ciudadano y verificar la idoneidad de quienes compiten por un cargo que se supone debe vigilar las finanzas públicas del departamento.

Admitidos con antecedentes

La paradoja es que, mientras se inadmite a una exmagistrada por un certificado que ella asegura haber entregado, entre los admitidos figura el nombre de Manuel Julián Mazenet, exsenador del Magdalena, quien en 2012 fue destituido e inhabilitado por 12 años por la Procuraduría tras un escándalo de sobrecostos en la compra de kits escolares que generó un detrimento de 3.000 millones de pesos.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ratificó la sanción, señalando que “las consecuencias derivadas de la ejecutoria del fallo sancionatorio son el producto necesario y lógico del proceso disciplinario adelantado en contra del tutelante”.

Exceso ritual y cargas indebidas

Juristas consultados advierten que la actuación de la Universidad de Medellín podría configurarse como un “exceso ritual manifiesto”, al convertir la formalidad de un documento en una barrera para la participación, cuando la misma entidad pudo consultar la información en línea. En otras palabras, el concurso parece desbordar la ley en favor de intereses políticos, cargando la prueba al ciudadano en vez de facilitar el acceso.