A fin de mes se conocerá sentencia del caso Parque Taykú

El próximo 29 de agosto el juez que lleva la causa por el caso del Parque Taykú deberá entregar sentencia en firme sobre uno de los casos de 'elefantes blancos' más polémicos en la historia reciente de Santa Marta. 

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Así lo aseguró Pedro Bonilla Barreto, uno de los involucrados dentro del caso, en el que están también involucrados Frank Noble, Omar Guerrero y Sandra Rubiano Layton, exgobernadora (e) del Magdalena. El exdirectivo de Corpotayrona explicó que luego de los descargos de la defensa, el pasado 8 de agosto el juez determinó que en un plazo de 15 días hábiles se pronunciará sobre el caso. 

Ante esto, Bonilla se muestra tranquilo. "Nosotros estamos confiados en que la decisión se de en derecho. No se ha presentado prueba de nuestra culpabilidad y hemos argumentado más de 3000 folios con nuestra defensa que demuestra nuestra inocencia", remarcó. 

La tranquilidad también está porque, en su criterio, están acreditados los vicios de procedimiento "claramente sesgados que tuvo el proceso". 

Cabe recordar que en 2006 la administración departamental determinó la construcción de las obras de este escenario y contrató con la Unión Temporal Taykú. A esta empresa le fueron girados 1.600 millones de pesos, que representaban el 50 por ciento del monto total del contrato. Posteriormente, se determinó una adición de 741 millones de pesos para la conclusión de la obra.

En el parque se hicieron obras por solamente 1.600 millones de pesos; sin embargo, el contrato se tramitó, se celebró y fue liquidado.

Las irregularidades presentadas comenzaron con la misma obra, pues el costo real de la misma era de 9.000 millones de pesos y se contrató apenas por 3.200 millones. Las investigaciones de la Fiscalía muestran que fueron violados los principios de economía, transparencia, planeación y organización y responsabilidad, protegidos por las normas que regulan la contratación administrativa. Entre los hechos investigados por la Fiscalía están la ausencia de disponibilidad presupuestal y la no realización de estudios previos.