Director del ICBF Magdalena 'se lava las manos' en lío por contratación

Durante la audiencia pública que se realiza a esta hora en la Procuraduría del Magdalena, el director Regional del ICBF, Joaquín González Iturriago, aseguró que, si existen fallas en la información cargada en el sistema electrónico de contratación pública (Secop) es responsabilidad de la Coordinadora Jurídica de la institución.

El funcionario aseguró: "voy a solicitarle a usted, Procuradora, que llame a declarar a la coordinadora jurídica, Nora Peñalosa Márquez, para que dé las explicaciones de los contratos, puesto que es competencia de la oficina jurídica, y no del director, subir los contratos al Secop".

La Procuraduría del Magdalena realiza esta audiencia con el objetivo de establecer por qué fueron efectuados los pagos de seis contratos que al parecer no habían sido ejecutados en su totalidad.

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De otra parte durante diligencia la procuradora regional, Ana María Muelle Molinares, confirmó que el proceso que se encuentra en etapa de recolección de pruebas, por eso recibió las posiciones de los funcionarios citados director zonal del Icbf, Joaquín González Iturriago y la supervisora de contratos de esa institución, Iris Martha Narváez Manjarrez, quienes entregaron detalles de los cargos que se les imputa sobre supuesta responsabilidad en las  presuntas irregularidades, al no haber ejecutado la totalidad de seis contratos de atención a niños en esta zona del país.

Muelle Molinares, aseguró que el proceso se encuentra aún en la etapa de recibimiento de pruebas, sin embargo tomó atenta nota de cada una de las consideraciones de la defensa.

La investigación

La Procuraduría regional de Magdalena calificó provisionalmente la falta de González Iturriago, y de Narváez Manjarrez, como gravísima a título de dolo, por inobservancia de los principios de la función pública.

Según el análisis de la Procuraduría Regional de Magdalena, en el informativo del ICBF, Cuéntame, al parecer se evidenciaron anomalías con los pagos a algunos operadores, quienes presuntamente no cumplieron con la totalidad de lo pactado en los contratos para la prestación del servicio a niños, niñas y madres gestantes del programa ‘Cero a siempre’ del Icbf.

La Procuraduría Regional del Magdalena, investiga a Joaquín González Iturriago para que responda por su presunta responsabilidad disciplinaria en la celebración de contratos, como representante legal del Icbf regional Magdalena con la Fundación Sol Caribe, Fundación Alianza para el Bien Social Fundalians, la Corporación Regional de Desarrollo Sol Caribe, la Corporación Desarrollo Social y comunitario Cordesco y con la Fundación Prosperar y Vida, entre octubre del 2016 y junio del 2017.

Al parecer, el investigado realizó el pago de los desembolsos sin cumplir con los criterios mínimos exigidos en el contrato suscrito por el ICBF, como focalización y prevalencia de población en la estrategia para el desarrollo integral de la primera infancia “De Cero a Siempre”, como atención de baja calidad a la población infantil y atención de cupos en un porcentaje inferior a lo pactado, sin realizar ningún descuento en el desembolso.

Según el ente de control, González Iturriago al parecer publicó de manera extemporánea los estudios previos y la adición de los contrato 358 suscrito, en el portal Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, por lo que podría haber violado el principio de publicidad, tal como lo indica el Decreto 1510 de 2013.

Por su parte, Iris Martha Narváez Manjarrez, en su condición de supervisora de los contratos del ICBF en la Regional Magdalena, presuntamente autorizó el pago de los desembolsos de dineros a los operadores mencionados, sin que al parecer se hubiesen ejecutado los contratos en el período estipulado en su totalidad para acceder al desembolso correspondiente y sin el cumplimiento de requisitos legales, como demostrar el pago de los aportes en salud y demás parafiscales.

De acuerdo con lo expuesto por la procuradora del Magdalena en varios de los contratos celebrados, la Procuraduría solicitó fecha 6 de septiembre del 2017 que de certificar si los convenios estaban debidamente publicados, recibieron un “oficio del 15 de septiembre del 2017 que tales contratos se encontraban debidamente publicados en el sistema electrónico de contratación pública secop aportando como sustento de lo anterior unas impresiones de pantalla de las cuales no es posible concluir la fecha de publicación”

La defensa

En el acto que se realizó este martes, el Director del Bienestar Familiar en el Magdalena, aseguró que por hacer parte de un régimen especial, el Icbf no estaba en la obligación de publicar los contratos según los parámetros y tiempo que indica la Ley 80, pero si en los términos que indican ‘al momento de realizar el contrato, durante la ejecución o al término del mismo’, estipulado por la Ley 1150 del 2007.

Según González Iturriago los parámetros de la Ley 1150 de 2007, lo amparan a la hora de no haber publicado en los tiempos que indica la Procuraduría el contrato 358, por lo que solo debía publicarlo indican al momento de realizar el contrato, durante su ejecución.

“No he violado ninguna norma constitucional ni legal nuestro sistema de contratación es un régimen especial y permanente con el ánimo de garantizar derechos de la niñez”, recalcó el Director del Icbf Magdalena.

Se espera que en los próximos días la Procuraduría acoja la solicitud del investigado y realice una audiencia con la directora Jurídica.