Virna Johnson tumbó la casa de una familia y juez la obliga a reubicarla

El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta resolvió una acción de tutela presentada contra la Alcaldía de Santa Marta por parte de una ciudadana de Eder Miguel Benítez, luego que semanas atrás su vivienda fuera demolida en el marco de unas acciones de recuperación de predios de invasión.

La vivienda de Benítez, ubicada en el cerro de Altos del Pando había sido el cobijo para él, su esposa venezolana y sus cuatro hijos, uno de los cuales, posee graves problemas de salud. Por lo que la demolición de su casa, encabezada por la misma alcaldesa Virna Johnson, significó básicamente, quedar viviendo en la calle.

Gracias a que el abogado Miguel Martínez asumió su caso, hoy una decisión judicial obliga a la Alcaldía de Santa Marta a ofrecerles una solución de vivienda digna para  él y su núcleo familiar. Además de poner a su disposición toda la oferta institucional para asegurarles bienestar.

En consecuencia, el Juzgado Tercero, determinó “conminar al Distrito de Santa Marta y al DADSA para que en el marco de la colaboración armónica interadministrativa, realicen o faciliten la regularización de la permanencia en territorio nacional de los menores de edad del grupo familiar accionante, con miras a que logren acceder a los servicios de salud del régimen subsidiado”.

Considerando que pese a que uno de los menores fue diagnosticado con cáncer, no estaba recibiendo atención médica debido a que los servicios de salud se les fueron negados, argumentando que aún no tenía certificada la nacionalidad colombiana a la que tiene derecho por su padre.

¿Y el discurso?

La grave situación que padecía esta familia, logró que el abogado samario Miguel Martínez asumiera el caso. Sobre el fallo, este critica que se tenga que llegar hasta instancias judiciales para asegurar un amparo humanitario para esta familia.

Asimismo, niega que este fallo sea una antesala para favorecer las construcciones ilegales en los cerros de la ciudad, por eso, ha insistido en la necesidad de autorizar más controles y realizar un censo general que permita identificar las familias que viven en zonas irregulares para poder priorizarlas en proyectos de vivienda de interés social.

No obstante, no duda en afirmar que fue la falta de empatía del caso lo que le hizo querer asumir la defensa de Eder Benítez y su familia, pues consideró inapropiado que la misma alcaldesa Virna Johnson, publicara en sus redes sociales la demolición de la vivienda de la familia, como si se tratase de una victoria política.

“Insistieron en elegirse con un discurso populista y le quitaron la casa a un niño con cáncer, eso no se explica” menciona Martínez.

Finalmente recuerda que la orden judicial ordena a la administración asegurar el ingreso del núcleo familiar al régimen subsidiado en salud, mientras que espera que pronto la familia pueda estar en una vivienda, sin temor a ser desalojado.