Juez ordena 5 días de arresto contra Virna Johnson por negarse a restituir a empleada embarazada

Lizeth Johana Fajardo Barros estaba en estado de embarazo, y pese a esto, sus condiciones laborales en la Alcaldía de Santa Marta, en donde trabajaba, fueron desmejoradas y también fue despedida. Por eso, esta mujer, empezó una lucha jurídica para lograr que los jueces de la república respaldaran sus derechos fundamentales. 

El 20 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento y Depuración de Santa Marta ordenó que los derechos unfamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital fueran protegidos, por lo cual ordenó a la Alcaldía a que en el término de 48 horas, reintegrara de manera provisional a esta mujer en sus labores, teniendo en cuenta que ella se encuentra en estado de embarazo. 

El Juzgado también ordenó a la Alcaldía a que le prestara la protección necesaria a la seguridad social y le pagara el dinero que hubiera dejado de percibir desde la época en que la habían retirado de su trabajo. Lizeth tenía una ventana de 4 meses, tiempo suficiente para que ella pudiera acudir a la jurisdicción ordinaria a reclamar sus derechos de manera definitiva. 

Sin embargo, la Alcaldía prefirió acudir a recursos de impugnación para plantear su decisión de no cumplir el fallo de primera instancia. 

Posteriormente, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta emitió un fallo en segunda instancia, esta vez con fecha del 22 de febrero del año 2022, en la que mantuvo la decisión de que reincorporaran en su trabajo a la mujer en estado de embarazo. 

En vista de que la Alcaldía no cumplió ninguna de las dos decisiones, la mujer afectada, que dejó de percibir un salario de casi 5 millones de pesos, el cual le desmejoraron apenas conocieron su estado de embarazo, decidió acudir al recurso del desacato, medida que, nuevamente, salió a favor de la trabajadora. 

La última acción al respecto se produjo el 18 de marzo de 2022, y en esta el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Depuración de Santa Marta Énder de Jesús Egurrola Mendoza, procedió a declarar en desacato en contra de la alcaldesa Virna Johnson y ordenó que fuera sancionada con 5 días de arresto y el pago de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Asimismo, el Juzgado conminó a la Procuraduría a que vigile las actuaciones de la alcaldesa distrital y se verique el cumplimiento efectivo de la orden proferida por el despacho. 

Asimismo, el juez ofició a la Policía para que despliegue "las actividades necesarias tendientes a obtener el efectivo cumplimiento de la sanción de arresto emitida contra la doctora Virna Lizi Johnson Salcedo". 

No obstante, la Alcaldía aún tiene el recurso del grado Jurisdiccional de Consulta, a la espera de que esta decisión sea o no confirmada. En caso de que sea confirmada, la Administración de Justicia deberá actuar y conducir a la alcaldesa al casino de Oficiales, donde normalmente los mandatarios distritales pagan este tipo de sanciones de prisión.