“Me fui por maltrato, humillaciones y pruebas de polígrafos”: Ingrid Aguirre denuncia a Caicedo

Fuerza Ciudadana y su líder, Carlos Eduardo Caicedo Omar, hoy protagonizan un escándalo de proporciones mayúsculas en la historia del Magdalena.

La revelación de graves denuncias de acoso y abuso sexual, en contra del exgobernador del Magdalena y de varios altos mandos de la colectividad, los tienen en el ojo del huracán.

Ahora, un impactante testimonio se une a ese listado de denuncias: Ingrid Aguirre, su representante a la Cámara y exlíder del movimiento político.

A través de sus redes sociales, Aguirre, denunció haber sido víctima de violencia política, humillaciones públicas y prácticas degradantes durante su permanencia en esa colectividad, entre ellas la obligación de someterse a pruebas de polígrafo para demostrar su lealtad política.

La exdirigente señaló directamente a Carlos Eduardo Caicedo Omar como responsable de ordenar estas prácticas, las cuales —afirmó— habrían sido ejecutadas por Rafael Martínez. Entre ellas, destacó la exigencia de someterse a pruebas de polígrafo como mecanismo para “comprobar” su lealtad, una práctica que calificó como degradante y violatoria de su dignidad.

Aguirre explicó que presentó su renuncia al movimiento el 29 de octubre de 2025, decisión que —según afirmó— estuvo motivada por un hostigamiento sistemático, presiones para abandonar su curul en el Congreso, aislamiento político y la invisibilización de su trabajo legislativo.

Aunque inicialmente optó por retirarse en silencio, aseguró que recientemente ha sido revictimizada por integrantes del movimiento en espacios públicos, comunicados oficiales y ruedas de prensa.

Uno de los hechos más graves denunciados ocurrió durante la Gran Parada de Caimanes, en el marco del Festival Nacional del Caimán Cienaguero, donde fue objeto de un ataque violento y deliberado que incluyó gritos y humillaciones públicas por parte de Adriana Trujillo, agente liquidadora de Fuerza Ciudadana.

En ese sentido, cuestionó las declaraciones de Trujillo que la señaló de ingrata y desleal, lo que considera una nueva forma de revictimización en pleno contexto electoral.

Finalmente, la exintegrante del movimiento expresó temor por su integridad física y la de su familia, y solicitó acompañamiento y medidas de protección a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad Nacional de Protección.

 Afirmó que hacer pública su denuncia “es un acto de dignidad y un llamado de atención frente a la persistencia de la violencia política contra las mujeres en Colombia”.