Presidencia defiende elección de Gregorio Eljach como procurador general

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha defendido recientemente ante el Consejo de Estado la elección de Gregorio Eljach como Procurador General, en respuesta a una demanda que cuestiona la legalidad del proceso.

El demandante argumenta que la selección no cumplió con las normativas constitucionales, alegando que Eljach no formaba parte de la lista de candidatos definida mediante convocatoria pública.

Sin embargo, la defensa de la presidencia sostiene que Petro ejerció su facultad constitucional y autónoma para presentar a Eljach como candidato, incluso fuera de la lista pública, señalando que la invitación para que los ciudadanos presentaran sus hojas de vida no restringe la capacidad del mandatario de incluir a otros postulantes.

El abogado Andrés Tapias Torres, representante legal del presidente Petro, reiteró que el acto administrativo que llevó a la elección de Eljach se ajusta a la ley y cumple con los requisitos establecidos. Además, subrayó que la convocatoria pública, aunque abierta a todos los ciudadanos, no obliga al presidente a elegir exclusivamente entre quienes se postularon.

De acuerdo con la defensa, si el mandatario considera que ningún candidato satisface sus convicciones, tiene plena facultad para elegir a otra persona que cumpla con los requisitos constitucionales.

Hasta el momento, el Consejo de Estado ha recibido ocho demandas de nulidad relacionadas con esta elección, de las cuales dos han sido admitidas, tres están en análisis y tres rechazadas.

Gregorio Eljach, abogado con más de 35 años de experiencia en el ámbito público, es reconocido por su trabajo en el área de ordenamiento territorial. Ha ocupado diversos cargos, como asesor del exsenador Aurelio Iragorri y secretario General del Senado, destacándose en el diseño de la normativa sobre descentralización y control territorial.

Eljach también fue candidato a la terna de la Corte Suprema para el cargo de Procurador General, y ha resaltado la importancia de armonizar las funciones de la Procuraduría con el respeto de los derechos humanos.