Maduro no liberó a los colombianos y Petro guarda silencio, denuncian familiares

Las esperanzas de 38 familias colombianas quedaron una vez más en suspenso. La Cancillería había anunciado que el pasado 19 de octubre serían liberados varios de los connacionales detenidos en Venezuela, pero la promesa nunca se cumplió. Los familiares, que desde hace meses claman por ayuda, aseguran sentirse abandonados por el Gobierno de Gustavo Petro.

Los detenidos permanecen recluidos en la cárcel El Rodeo, en Caracas, en condiciones calificadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) como “inhumanas”: celdas de apenas dos metros, camas de cemento, alimentos vencidos y acceso limitado a agua y atención médica. Ninguno ha sido formalmente procesado ni ha tenido defensa legal.

“Ellos no están presos, están secuestrados. No existe un juicio, ni abogado, ni pruebas en su contra”, denunció una de las familiares.

Promesas diplomáticas sin resultados

En mayo, la Cancillería colombiana anunció una “guía diplomática” para facilitar la asistencia consular y promover la comunicación entre los reclusos y sus familias. Sin embargo, el vicecanciller Mauricio Jaramillo reconoció que las autoridades venezolanas han restringido las visitas de funcionarios colombianos y obstaculizado cualquier avance.

“Queríamos la liberación, no solo visitas consulares. Ellos son inocentes y merecen volver a casa”, manifestó otra de las familiares, asegurando que sus peticiones fueron ignoradas.

Durante una reunión reciente con los allegados de los detenidos, la canciller Rosa Villavicencio admitió que se trata de “detenciones arbitrarias”, pero argumentó que existen “otros intereses nacionales” que complican las gestiones diplomáticas. “Si se cierra la frontera, es peor”, habría dicho, según testigos del encuentro.

Las familias, indignadas, afirman que la funcionaria prometió agendar una reunión con el presidente Gustavo Petro para abordar directamente el caso, pero hasta hoy no han recibido respuesta.

Dolor, impotencia y desinterés estatal

El sentimiento común entre los familiares es de frustración. “Al gobierno de Colombia no le importa lo que estamos viviendo. Hemos hecho de todo: protestas, cartas, huelgas, oraciones… y nadie nos escucha”, expresó entre lágrimas la hermana de uno de los detenidos.

Algunos casos, como el de David Josué, mototaxista detenido hace más de un año mientras trabajaba en la frontera, reflejan la arbitrariedad de las capturas. “Se lo llevaron solo por transportar a un ciudadano extranjero. Desde entonces no sabemos nada de él”, relató su hermana Nubia.

Otros, como el de Brayan Navarro, joven arrestado el 6 de enero, se mantienen en el limbo. Su tía, Yari Navarro, solo pudo hablar con él una vez, durante una breve llamada de cinco minutos en mayo. “Nos dijo que estaba bien, que no cruzáramos la frontera y que era inocente”, recordó.

Los informes del OVP alertan sobre el deterioro físico de los detenidos. Varios presentan síntomas de desnutrición, infecciones y enfermedades respiratorias. Algunos, como Arley Espieta, padecen gastritis y alergias severas sin recibir tratamiento médico adecuado.

Mientras tanto, la Cancillería colombiana guarda silencio. Ni el viceministro Mauricio Jaramillo ni la oficina de prensa han respondido a los cuestionarios enviados por los medios sobre el tema.

Las familias, cansadas de esperar, repiten un mismo clamor: “Queremos que los liberen. No pedimos favores, pedimos justicia”.