La Fiscalía imputó a Emilio Tapia de tres cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó a Emilio José Tapia Aldana los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. El acusado se declaró inocente de los delitos.

Los cargos a los que se enfrenta el empresario, surgen de la investigación relacionada con presuntas irregularidades en el contrato entre MinTic y la unión temporal Centros Poblados.

El objetivo de ese contrato era proveer de internet a 7.000 escuelas rurales. Los recursos serían destinados a la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Tapia Aldana habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato.

 Luego de la adjudicación, se otorgó un anticipo al contratista por 70.000 millones de pesos, de los cuales $6.182’651.043 fueron entregados a Emilio Tapia, quien, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos). El excedente, algo más de 5.063 millones de pesos, el hoy procesado, al parecer, los usó para compra de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de gama alta; préstamos y los honorarios de los abogados que revisaron la parte legal del millonario contrato.

Actualmente, el cuestionado empresario permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Picaleña, en Ibagué (Tolima).