A la cárcel tres adultos y un menor por secuestro, desaparición y homicidio de un caballista

Al avalar los argumentos expuestos por la Fiscalía General de La Nación a través de sus delegados, un juez con función de control de garantías aseguró en centro carcelario a tres hombres mientras que un menor de edad fue cobijado con medida de internamiento preventivo en centro especializado, como presuntos responsables del secuestro, desaparición y  homicidio del caballista Arbey Vargas Trilleras en Pitalito (Huila).

Los investigados son Yhonatan Rodríguez Sánchez, Jorge Gamboa Barrera y Brayan Stiven Rojas Macías,  quienes no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Al menor, de 17 años para la fecha de los hechos, le fueron imputados los mismos delitos, a excepción del último, y aceptó su responsabilidad.

De acuerdo con los hechos, el pasado 8 de junio  la víctima fue privada de su libertad cuando se encontraba dentro de su vehículo estacionado frente a la casa de sus padres en Pitalito (Huila).

Los hombres le habrían exigido a la víctima la suma de 3.000 millones de pesos, pero les fueron cancelados 80 millones de pesos que al parecer, luego de ser amenazado con arma de fuego, el hoy occiso le habría solicitado vía telefónica a uno de los empleados del almacén de su propiedad, quien se presume sacó el dinero de la caja fuerte y lo entrego a uno de los procesados.

Vargas Trilleras fue asesinado con arma de fuego ese mismo 8 de junio y sepultado en una finca en la vereda El Higuerón en Pitalito.

Labores investigativas permitieron establecer que desde el 2 de junio pasado los dos vehículos en los que al parecer se movilizaban los imputados se trasladaron desde Bogotá a Pitalito donde le hicieron estudio y seguimiento a la víctima con el fin de pedirle dinero, ocultarlo y desaparecerlo.

Asimismo, la indagación da cuenta que desde el mes de abril, presuntamente, los hoy judicializados y otras personas  tenían la intención de ejecutar los hechos que se investigan pues los números y equipos celulares que tenían habrían sido adquiridos  para la ejecución de este delito.