Escándalo de regalías: cae red que saqueó medio billón en el Magdalena y otros departamentos

Lo que la Fiscalía califica como el operativo más grande contra la corrupción en la historia reciente del país se dio a conocer este 15 de abril. 

La unidad anticorrupción desmanteló un sofisticado esquema que utilizaba asociaciones municipales para apropiarse de los recursos destinados al desarrollo regional.

La investigación revela que la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) funcionaba como el eje central del desvío de recursos:

La red lograba que alcaldías y gobernaciones designaran a Aremca como ejecutora directa de proyectos, evitando licitaciones públicas transparentes.

Se detectaron irregularidades en 101 contratos por un valor exacto de $496.000 millones.

Los dineros, que debían invertirse en saneamiento básico, agricultura y medio ambiente, fueron presuntamente desviados mediante la vulneración de principios de selección objetiva.

Aunque la asociación tenía base en el Caribe, se extendieron por gran parte del territorio nacional. Los proyectos bajo la lupa se encuentran en:

Caribe: Magdalena, La Guajira, Cesar, Bolívar y Córdoba.

Otras zonas: Casanare, Caldas, Santander y Arauca.

Hallazgos específicos: solo en Arauca se documentó la apropiación indebida de $3.200 millones y la omisión del pago de impuestos por $14.000 millones destinados a la seguridad ciudadana (Fonsecon).

Las diligencias se llevaron a cabo de manera simultánea en Barranquilla, Arauca y Cantagallo. Entre los judicializados se encuentran:

Liderazgo: Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero y Javier Ramírez Marzola.

Operativos: Dayana Ramos, Fredy Borelly, Andrés Sáez, Rafael Flórez, Liliana Urán y Luis Soto Caraballo.

Delitos: la Fiscalía les imputará concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato, entre otros.

Este caso ha sido priorizado por un grupo de tareas especiales de la Fiscalía. Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas y solicitar medidas de aseguramiento. La gravedad del asunto radica en que este dinero debía financiar obras civiles vitales para las comunidades más necesitadas de los departamentos mencionados, las cuales hoy enfrentan elefantes blancos  o proyectos inexistentes.