Los 'paras' siguen teniendo el control de la Universidad del Magdalena, dice Iván Cepeda

En un debate del martes pasado en el Congreso, el representante del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró que los grupos paramilitares “siguen teniendo control en las administraciones de las universidades del Atlántico, Córdoba y Magdalena”.

Recordó el parlamentario que al menos 11 desmovilizados han reconocido el plan del paramilitarismo, adelantado entre 1996 y 2003, para controlar las universidades públicas, “acabando con las organizaciones sindicales, estudiantiles, profesorales y de los trabajadores universitarios”.

El caso de la Universidad del Magdalena

Desde 1996, recordó el representante Iván Cepeda, renunció la rectora Zully David Hoyos, por un intento de homicidio, y el entonces gobernador Jorge Caballero –condenado por parapolítica- nombró como rector encargado a Carlos Caicedo Omar, quien aparentemente no era profesional entonces.

Aquí, advierte el informe, “comienza un proceso de ataques sistemáticos a estudiantes, trabajadores y profesores. La universidad se militarizó y se contrató una empresa de seguridad privada, mencionada en versiones libres como parte de la red económica paramilitar”.

Luego se perpetraron una serie de crímenes que, según Cepeda, “estaban orientados a facilitar la aplicación de medidas de flexibilización laboral, el despido de más de 100 trabajadores y de sindicalistas”.

Refieren las denuncias que en 1999 pusieron una bomba en la sede del sindicato; en 2000 asesinaron al estudiante Hugo Maduro, quien había denunciado irregularidades en la posesión del rector y había sido capturado injustamente por ‘guerrillero’; “en 2001 mataron al vicerrector Julio Otero y su esposa acusó a Caicedo de ser el autor intelectual; en 2002 asesinaron al decano Roque Morelli y condenaron al policía Leonardo Ariza, quien fue guardaespaldas de Caicedo”.

Caicedo, después, fue elegido alcalde Santa Marta, quedó en la rectoría en encargo Juan Carlos Ditt, quien renunció al cargo por amenazas y lo sustituyó como encargado Ruthber Escocia, cercano a Caicedo, quien sigue hasta hoy y “mantiene nombrados varios familiares en la universidad, por ejemplo a su hermano, el decano Fredy Escorcia”.

Advierten los reportes que actualmente las amenazas se han incrementado en contra de opositores de la comunidad universitaria: los estudiantes Cristian Rincones y Oveth Beleño, nueve docentes que tuvieron que salir de la ciudad y el secretario general de la Junta Directiva de Sintraunicol, Armando Restrepo, “quien recibió correos que fueron emitidos por algunos directivos de la universidad, como la decana de Humanidades, Alejandra Maru; Julio Vega, director de Bienestar o Jaime Noguera, vicerrector administrativo, y primo de (condenado exdirector del DAS) Jorge Noguera”.

Refiere Cepeda que el Gaula “capturó a Escorcia, hermano del rector, y a su esposa, Cecilia Palacio, por presunta extorsión para la gestión de un contrato”. Ambos fueron dejados en libertad por  el fiscal 10 de la URI, Rafael Rojas, hoy fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Santa Marta. E Iveth Nuñez, fiscal seccional, ordenó el archivo de la investigación” (clic aquí para ver artículo relacionado)

Luego de esto, el director seccional de Fiscalías, William Baquero, solicitó al fiscal general abrir una investigación contra los dos fiscales por presuntamente haber recibido un pago de 1.000 millones para absolver a los parientes del actual rector, añade el informe.