Otro año en que los violentos vencen la institucionalidad

El término violencia, como lo plantea Elsa Blair, es básicamente el uso de la fuerza para causar daño a alguien. Para Jean Claude Chesnais, esta problemática involucra, al menos tres hechos: lo brutal, lo exterior y lo doloso. En el caso de Santa Marta, esta violencia sigue recabando vidas y pese a los esfuerzos que se buscan para contenerlos, las estrategias funcionan de acuerdo con lo coyuntural de un hecho doloso de gran impacto. Luego, una vez pasa, la situación violenta y como lo plantea Todorov en Les Abus de la mémoire, los regímenes totalitarios buscan la supresión de la memoria y con esto que el hecho violento pase al olvido.

Y aquí entra la teoría económica del crimen (Gary Stanley Becker) y su argumento con que existe un equilibrio en la transgresión, que es producido por interacción entre delincuentes y autoridad, en términos (de la aplicación de ley), que produce un tipo de sanción criminal, que favorece la conducta punitiva. Básicamente la criminalidad también la describe el mismo autor Becker (1968) como una actividad racional sujeta a un factor de aversión al riesgo: los delincuentes son agentes que valoran los beneficios y costos a la hora de cometer un delito. En Santa Marta, como lo hemos visto, el delincuente no tiene temor para cometer ningún ilícito.

Se borró por completo el rastro de las 256 armas que se perdieron de la Policía Metropolitana. No hay ni siquiera indiciados y nos han obligado a olvidar ese episodio como si se tratara de cualquier hecho sin trascendencia, así como también el incendio en la armería en el Batallón José María Córdova, cuando había rumores de ventas de munición a los grupos paramilitares y hasta el incendio en la armería de la estación de policía del Rodadero. Nadie habla de eso y cuando lo hemos hecho, nos han perseguido, amenazado con montajes e incluso la información ha terminado en manos de los grupos paramilitares.

En agosto, asesinaron a Juan Manuel Carvajal Aguirre, una persona de quien poco se sabe y particularmente, de la que nadie va a indagar. Un homicidio más que solo podría verse como un número. Sin embargo, esta persona apareció con un letrero que decía: aquí no se matan policías. ¡Claro¡ trasciende que en ese mes fue el paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero el tema es ¿quién lo hizo? Si fueron las Autodefensas Conquistadora de la Sierra ¿por qué harán semejante acto? Si fue la fuerza pública ¿porque dejaron ese letrero? El hombre está muerto y el simbolismo del asesinato; el mensaje circuló. No hubo respuestas.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Santa Marta es una institución valiosa, pero politizada y usada para favores. Se desprende por completo del carácter de su creación. A finales del 2021 salió la coronel en retiro, Sandra Vallejo, sin pena ni gloria. Una mujer que le debe muchas respuestas a la ciudadanía y que desapareció luego de ser protegida por un esquema político. El daño fue inmenso porque Santa Marta aumentó en todos los niveles de violencia y cuando se cuestionó, señaló a quienes lo hicimos como parte de una banda criminal. Eso es penoso y hoy la historia nos dice quién tenía la razón.

Pero después de ella llegaron dos secretarios más. No hay nada que decir sobre ellos. Los resultados, las improvisaciones, la persecución a la informalidad, la falta de estrategias, la pusilanimidad de sus actuaciones, dan cuenta de sus resultados. Una ciudad que cierra el 2022 con 195 homicidios, según datos de Medicina Legal.  Pero miremos una estrategia: los puntos seguros. No pudimos evaluarlos porque el sistema no funciona como se requiere. Se han enviado Derechos de Petición, Tutelas y sencillamente: no responden. Entonces no sabemos, cuántas denuncias recibe, cómo se tramitan, como se les hace seguimiento, como están articulados. No sabemos de un punto seguro que se debe activar con un celular en una ciudad donde justamente, lo primero que se roban es eso. Sería bueno que quien lee este escrito nos comentara su experiencia con los denominados Puntos Seguros. Alcaldesa: ¿Cómo podemos evaluar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia? 

Mataron a Joel David Ibáñez, líder de los 777. Un tirapiedras dirá alguno. Para otros, un abanderado en la búsqueda de equidad, de apoyo a los jóvenes. Funcionó el panfleto de las ACSN., y muchos aciertan en decir: los paracos resolvieron el problema. Las instituciones se ahorraron una plata en inversión social en barrios periféricos que se mueren. En una juventud que le queda muy poco. Un problema estructural que sigue allí y que día a día se agrava. La muerte de una persona no significa la aniquilación de una problemática estructural.

Hoy el balance es sumamente negativo en términos de seguridad. Dominan las ACSN y dominan las AGC. Tercerizan la violencia, crecieron los robos, los hurtos, la venta y consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas. Creció el microtráfico y creció el narcotráfico. Siguen amenazando a líderes, reclutando jóvenes en los barrios y creando sistemas de monitoreo cerrados con cámaras en barrios periféricos. Tienen más cámaras y tecnología (drones) los delincuentes que las autoridades.  

Santa Marta aumentó a 33.7 la tasa de homicidios y cerrará como se proyectó: el cierre de la Tasa de Homicidios, según proyecciones y variables, estaba prevista, entre 192-195 homicidios y ¿cómo pudimos saber esto casi desde los primeros meses del año? Porque estudiamos el comportamiento año a año, hacemos lectura de los territorios y seguimos el procedimiento de las dinámicas violentas. Todo lo que hemos proyectado en la Sierra Nevada, desde combates, extorsión y demás fenómenos delictivos los hemos visto con anterioridad.

La extorsión sigue ganando espacios. El POTP (Plan de Ordenamiento Territorial Paramilitar) sigue marcando pautas. Aquí les dejo un dato. Hay rumores -porque han llegado hasta ese punto- de querer cobrarle $2.000 diarios a los conductores de busetas y nada raro sería pues pulsaron el pulso de las autoridades y les ganaron. Hoy ningún bus de servicio público sube hasta el Curval, porque así lo decretaron los paras.

Esperemos que el 2023 con la Paz Total se pueda construir una ruta de seguridad y establecer mecanismos de cierre de brechas. Así no tendrá que salir la Coronel a decir que bajó en una semana los homicidios y a la otra le mataron 10. Tampoco tendrá que salir el secretario de seguridad a vociferar con que estamos dentro de las 10 ciudades más seguras de Colombia, cuando la realidad es totalmente contraria. Esperemos que el 2023 sea otra la historia, porque al menos, el 2022, es otro lúgubre año, en que los violentos vencieron a la institucionalidad.

Esperemos que el 2023 se puedan tener diálogos constructivos y que los que están en el poder, logren comprender que este estado de violencia y de inseguridad nos afecta a todos sin distinción. Que cesen las amenazas a periodistas, líderes y opositores. Eso sí: no nos pidan que callemos ante un daño, una actuación desequilibrada o una mala planificación.