Luego de la firma del Acuerdo de PAZ entre el Gobierno y las FARC – EP, la agenda mediática nacional ha recaído sobre los escándalos de corrupción. Como el caso de Odebretch, que ha dejado desde ex ministros investigados hasta alcaldes y gobernadores destituidos por desviación de recursos públicos y falta de transparencia en los procesos de contratación.
Sin embargo, esa postura contra la corrupción, bandera política de los grupos de oposición al gobierno Nacional, liderados por el Centro Democrático, quienes hoy posan de dueños de la moral colombiana, no ha permitido que se genere un debate real contra el ejercicio de la política y las estructuras de poder en Colombia, sino más bien se han valido de la coyuntura para con el discurso contra el “castro-chavismo” argumentar el supuesto daño que la implementación de los acuerdos le haría al país.
Ejemplo de ello es que en la marcha convocada por el Centro Democrático contra la Corrupción, casi todas las consignas fueran las mismas utilizadas por este partido para desprestigiar el acuerdo y la salida negociada del conflicto.
Muchos de los que utilizan la lucha contra la corrupción para deslegitimar el proceso de paz, deberían considerar que la verdadera lucha empieza cuando se combate las causas que originaron el conflicto; y que el acuerdo textualmente es un mandato a solucionar dichas causas, por ende el apoyo a su implementación no debería tener reparos.
“La cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración” mencionada en el acuerdo posiblemente incomoda a muchos. La tenencia y concentración de la tierra en Colombia ha sido el problema histórico no resuelto que nos ha tenido inmersos en la desigualdad y en conflicto.
En el Departamento del Magdalena la concentración de tierra, de acuerdo al coeficiente de GINI de tierras y de GINI de propietarios para el año 2000 en Pueblo Viejo (Zona bananera histórica) era de 0.88 y 0.85, respectivamente, según el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia del año 2012. Es decir, no sólo la mayor cantidad de hectáreas de tierra, sino la de mejor calidad estaba en manos de pocos propietarios.
Para el año 2012, según el mismo informe del IGAC, el coeficiente de GINI tierras de Pueblo Viejo bajó a 0.70, sigue siendo una muestra de la alta concentración de la propiedad en el Departamento. Ambos municipios los más pobres de esta zona del país. Por ende, no cabe duda que el asunto de la tierra, es un asunto urgente a resolver.
¿Cómo plantea el acuerdo avanzar hacia la superación de los problemas estructurales del sector rural (la tierra) para la construcción de PAZ territorial? El acuerdo presenta 5 puntos, dentro de los cuales la estructuración de programas que permitan llevar a cabo una Reforma Rural Integral es el primero de ellos, como punto de partida para la construcción de PAZ desde los territorios, cada uno de los planes y programas debe ser concebido desde un enfoque territorial, étnico y de género como eje central y determinador desde el al momento de su implementación, teniendo en cuenta las diferencias de las dinámicas territoriales a lo largo de la geografía nacional.
¿Por qué es esencial la participación de la gente en la implementación del Acuerdo? Es importante la participación de la Sociedad Civil en la medida en que es la garantía para la implementación transparente y efectiva de cada uno de los planes y acciones diseñados para cumplir cabalmente los 5 puntos del Acuerdo.
Si bien la implementación de los programas del acuerdo es un mandato para todas las entidades territoriales del país, para los municipios priorizados es una urgencia, una prioridad. Si me preguntan, el departamento del Magdalena debería ser en su totalidad prioridad para la implementación respondería que sí; debido a que el objetivo central del acuerdo es reversar las causas del conflicto, entre ellas: Desigualdad y pobreza, dos males que nos aquejan como Departamento, incluyendo a la ciudad de Santa Marta.
En cuestión de semanas saldrá oficialmente a la luz pública el listado oficial de los municipios donde las autoridades locales deberán diseñar Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales determinarán líneas de acción e inversiones prioritarias en sus territorios, de acuerdo a cada uno de los puntos de acuerdo, sobre todo en materia rural.
Ante lo anterior, vuelve y juega el papel de las organizaciones sociales y la sociedad civil en general, el diseño de estos Pdet debe garantizar la participación real y efectiva de la gente ¿Qué hacer para que los PDET no se conviertan en un mecanismo para captar recursos del posconflicto que terminen en planes que no ayudan a resolver problemas estructurales del territorio? Sólo con la participación efectiva de gente informada y empoderada que esté dispuesta a reclamar y ocupar su espacio en la construcción de paz territorial. Participar debe ser nuestro mayor aporte a la Paz.
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