Deficiencias de la seguridad en el distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena

Las medidas de seguridad (si se diseñaron) para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía no funcionaron y si se hicieron, esos modelos no debieron ser los mismos para las zonas rurales y urbanas. En todo caso, no pueden ser y no hay un estudio que lo sostenga, por el tipo de delincuencia y por la relación, incluso morfológica del delito y los delincuentes. Además de otros factores que pasan hasta por la economía y la geografía. La violencia es un mal en sí mismo desde el punto de vista de los Derechos Humanos y la pérdida de años de vida saludable por parte de la población, dicen, Buvinic, Morrison y Orlando, en el informe: Violencia, Crimen y Desarrollo Social en América Latina y el Caribe.

La Política Criminal tiene un órgano rector que la define, que sea coherente o no, es otro tema: la Sentencia C-646 de 2001. En el Magdalena se entendió como dos términos por separado y se generó fue un ambiente político, alrededor de la criminalidad. Le hicieron un daño enorme los ataques de polarización y de recriminaciones mutuas, en las que solo ganaron los delincuentes.

Santa Marta cerró con un indecoroso incremento en los homicidios, 134, según los datos reportados por Medicina Legal, quien es el órgano rector que define las causas de las muertes. Es muy posible que para la Policía sean menos, de hecho hablan de 109 y todos los que más puedan ocultar: pero la realidad es que son 134. Son datos publicados en la página oficial de Medicina Legal.

El homicidio es por lo tanto el factor que denota mayor inseguridad en la ciudad y siendo honestos, es el más difícil de evitar; sin embargo, con las medidas necesarias, se hubiera podido contener. Santa Marta, de manera progresiva, se viene preparando para el retorno del paramilitarismo y lo enunció durante todo este tiempo y nadie tuvo la decisión para enfrentarlo. Las etapas violentas y los elementos de poder son cíclicos, y le corresponde a las autoridades romper ese círculo, no ocultarlo. Les faltó verdad.

Los entornos se leen. En el 2003, fueron asesinadas dos mujeres en el Parque Tayrona, la respuesta del paramilitarismo –de mayor contundencia que las autoridades- fue una masacre de tres hermanos y un tercero. Todos ellos con un letrero de cartón que decía: “Autores del asesinato de dos personas en el Parque Tayrona”. Antes de terminar este año, dos personas nuevamente asesinadas, Natalia y Rodrigo, la respuesta, también del paramilitarismo, un asesinato con un cartel que decía: “No alcahuetearemos cosas mal hechas en la región. El que venga a dañar la tranquilidad de la región, será dado de baja Hp”.

Los primeros asesinatos, quedaron así. Se legitimizó el paramilitarismos con esa acción y demostró soberanía. Con los segundos, tristemente pasó lo mismo, porque se aceptó de manera general que fue un hurto y que quienes lo hicieron, pagaron. Personalmente no he leído una sola cosa que apunte a que se esté persiguiendo a los móviles de ese asesinato. Era migrante y estaba, aparentemente, involucrado. Kai Ambos, es de la teoría de que los delincuentes, incluso los terroristas, son humanos y como tales, tienen derechos humanos, como el derecho a la vida, a un trato humano, y a un proceso penal justo. En el caso de Natalia y de Rodrigo, quedan dudas que deberán ser resultas y de las que nadie habla. Pueden algunas hipótesis, sobre este asesinato ser coincidenciales, pero hay un mensaje que no se ha leído todavía: la zona (lengüeta), es el sector donde trabajaba Wilton Orrego León, de hecho muy cerca donde lo asesinaron en enero del 2019 y donde se frenó con esa muerte, todo proceso en esa zona plagada de tierras de narcos y paramilitares. Es más, donde ocurrió el asesinato está cerca al puesto de control del Parque Nacional. En cualquiera de los dos casos, estos muertos ya no hablan para decirnos qué pasó.

Los paramilitares sacaron un panfleto, que nadie desmintió, que nadie condenó y donde de manera tácita decía: hemos desplegado un operativo en la región para dar con los responsables. Ahí me quedó claro quién es la autoridad y cuáles son sus repercusiones reales, porque pese a que fue militarizada y que el MinDefensa la visitó, al otro día asesinaron a un supuesto responsable y con eso se complementó la teoría del hurto, pese a que desvalijar un carro de esas condiciones, en La Guajira no tarda más de 2 horas.

Las peleas políticas de la seguridad entre los buenos y los malos o los malos y los buenos, dependiendo de la orilla, dejan una profunda inestabilidad en el territorio. Santa Marta, queda con una pugna de control que persiste, entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y con una Silla, que todavía tiene patas. El departamento, con Ciénaga, Fundación y Zona Bananera, a expensas del Clan del Golfo, clan, que peligrosamente tiene presencia en 14 de los 29 municipios y el distrito de Santa Marta. Muy grave, señor y señora y como diría Flórez; el gran Julio: si con esto un pesar mayor os causo y el dedo pongo en vuestra llaga viva, sabed que nunca me importó el aplauso ni nunca me ha importado la diatriba.

El mayor reto que tienen las nuevas autoridades, para el departamento, alcaldes y gobernador, es unir fuerzas para evitar que el departamento vuelva a ser el número 3 del país que reportó mayor número de desplazados y víctimas. No hagan Planes Integrales de Seguridad para dar solamente gasolina a la Policía. Inviertan en la seguridad, no como un tema menor  si no como un tema principal. Hay que ganarle la batalla a los violentos y devolver la tranquilidad al departamento. Es una deuda histórica que se tiene con él, y escuchar. En ciencias sociales nos enseñaron muy bien a triangular la información. Eso es un plus que tiene la academia y que espero, sea bien aprovechada.

También frenar el avance de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que según la Alerta Temprana 018-19 tienen presencia hasta Pueblo Bello (Cesar), desde el corredor que comienza en Minca, pasa por Palmor, el 50, Chimila y cruza a Pueblo Bello. Esto es un reto inmenso.