Abelardo de la Espriella ordena traslado de 20 presos para impedir que sigan delinquiendo desde las cárceles
El Gobierno nacional ordenó el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá, como parte de una estrategia para impedir que se continúe coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión.
El presidente Abelardo de la Espriella señaló que la decisión busca terminar con lo que calificó como “zonas de confort” para quienes, pese a estar privados de la libertad, pretenden continuar ejerciendo control sobre estructuras criminales.
De los 20 internos trasladados, diez permanecían en estaciones de Policía y los otros diez estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. Entre los nombres mencionados por el Gobierno figuran personas señaladas de pertenecer a estructuras como Los Pepes y Los Costeños.
Entre los trasladados se encuentran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’; y Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes.
La lista también incluye a Carlos Mario Polo Pérez, alias ‘Pastel’; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias ‘Makelele’; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias ‘Chocolate’; José Eulises Flórez Blanco, alias ‘Ñeco’; José Luis Barrios Álvarez, alias ‘El Huequito’; Dairo Luis García Quintero, alias ‘El Pequeño’, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias ‘El Gordo Pan’, entre otros.
El traslado se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento de la Fuerza Pública, con el propósito de reducir riesgos de fuga, rescate o posibles atentados durante el procedimiento.
De acuerdo con la orden impartida, una vez los internos lleguen a Bogotá permanecerán allí durante los siguientes 15 días antes de ser distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, según las determinaciones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Con esta medida, el Gobierno busca reforzar el control estatal sobre los centros penitenciarios y evitar que desde las cárceles se impartan órdenes relacionadas con extorsiones, amenazas u otras actividades criminales.
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